Sin razones, no hay justicia

La reciente sentencia de la Corte Suprema en el casoPavleon Castro con Fisco de Chile (Rol N° 239.789-2023)[1] vuelve a recordarnos algo esencial: la justicia no se agota en el resultado, sino en las razones que la sostienen. En esa causa, el máximo tribunal corrigió la rebaja indemnizatoria efectuada por la Corte de Apelaciones de Santiago, restableciendo la suma de 50 millones de pesos concedida en primera instancia por concepto de daño moral. Más allá de la cifra concreta, lo relevante fue el fundamento de la decisión: la ausencia de motivación suficiente en la sentencia de alzada. La Corte fue categórica al señalar que un fallo que carece de razones claras debilita la solidez del sistema judicial y compromete la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Este recordatorio es particularmente oportuno. En un contexto donde la justicia se ve desafiada por la sobrecarga de causas, la presión mediática y las expectativas de las víctimas, es fácil caer en la tentación de reducir la motivación a fórmulas generales o meras citas de jurisprudencia. Sin embargo, la Corte Suprema advierte que la motivación no es un adorno ni un formalismo: constituye una garantía esencial contra la arbitrariedad. Como lo destaca Agudelo, la falta de fundamentación priva a las partes de herramientas para fiscalizar la labor jurisdiccional y, en consecuencia, anula la posibilidad de un control efectivo sobre los jueces[2].

El mandato general de fundamentación