La inaplicabilidad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la determinación de la responsabilidad penal, a propósito de la sentencia Rol n° 113.089 (Caso “El Polvorín”)

Las normas de los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), permiten sostener que no son aplicables en Chile -en la investigación y juzgamiento de causas por DDHH- los criterios o estándares normativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), cuando estos procesos no han sido sometidos a esa jurisdicción internacional y, respecto de Estados Parte que sí son capaces de garantizar por medio de sus reglas jurídicas los derechos y libertades que consagra la CADH.

En consecuencia, frente a la tramitación en sede nacional de una causa de DDHH, el conflicto jurídico debiera ser resuelto siempre a nivel local, por la vía de la interpretación de ese Derecho interno, que está disponible para ser aplicado en armonía con los principios más básicos del orden jurídico penal-liberal chileno. No hacerlo, aduciendo la incapacidad del Derecho nacional para resolver el conflicto, está en pugna con la regla del artículo 2 de la CADH, que contiene un elemento objetivo que es la “subsidiariedad” de su aplicación, por lo que prima facie, resulta obligatoria su consideración al momento de investigar, juzgar y fallar una causa de DDHH bajo un sistema jurídico consolidado, que sí cuenta con un entramado legal que satisface el enunciado axiomático del artículo 1.1. de la CADH; siendo este precepto del artículo 2 también coherente con el reconocimiento soberano que realiza la propia CADH respecto de las leyes de los Estados Parte que reconozcan el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad (art. 29 letra b).

En efecto, la sentencia dictada por el Sr. Ministro de Fuero don Álvaro Mesa Latorre y que fue objeto de una querella por un eventual delito de prevaricación culposa -recientemente declarada admisible por la ICA de Valdivia- además de los graves yerros jurídico-argumentativos que tiene este fallo y que explica en detalle el libelo, también contrasta con el sentido y alcance de la propia CADH, que en los artículos 1.1 y 2, consagra primeramente el respeto por los Estados Partes de los derechos y libertades reconocidos en ella y la garantía de su libre y pleno ejercicio para toda persona que esté sujeta a su jurisdicción; y en el numeral segundo, se establece la aplicación subsidiaria de la CADH cuando los Estados Partes no garanticen por medio de sus ordenamientos los derechos y libertades a que se refiere el artículo 1. **