Un mundo repleto de cámaras y vigilancia

La deshumanización que profetizó George Orwel en 1984 aparece consumada. Hoy vemos drones de vigilancia con cámaras de alta capacidad y resolución acechando espacios en los que desarrollamos nuestras actividades, con monitoreo y registro invocando motivos de seguridad.

En función de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, grabar imágenes de personas y procesarlas es “tratamiento de datos sensibles”, según lo reconoció expresamente la Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia de protección Rol N° 34.360-17, referida a su uso por un municipio para funciones de seguridad pública. A pesar de ello, la Corte rechazó la protección, declarando que el acto recurrido no era ilegal ni arbitrario, considerando entre otras razones que dicha actividad estaba reglada en normativa reglamentaria, de la DGAC y municipal.

Desde el año 2018, la Ley N° 21.096 consagró el derecho fundamental a la protección de datos personales en la Constitución, agregando que su tratamiento y protección “se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”. El derecho a la autodeterminación informativa era reconocido por la doctrina chilena antes de la reforma, al definir la garantía del habeas data como “una acción jurisdiccional protectora de la libertad informática o derecho de autodeterminación informativa (conocimiento y control de los datos de la persona) y protección de la vida privada, imagen, honra o reputación de la persona, frente a la recolección, transmisión y publicidad de información que forma parte de la vida privada o intimidad de la persona, desarrollada por registros o bancos de datos públicos o privados”[1].