Corte de Iquique rechazó protección contra CGR por no hacer lugar a pago de asignación y bono especial.

En fallo unánime, la Corte de Iquique rechazó la acción de protección deducida por el Juez del Primer Juzgado de Policía Local, por el Juez del Segundo Juzgado de Policía Local y por el Juez del Tercer Juzgado de Policía Local, todos de la comuna de Iquique, en contra de la Municipalidad de Iquique y del Contralor General de la República.

En su sentencia, la Corte de Iquique señala que, conforme a los extensos argumentos del recurso interpuesto, se denuncian como actos ilegales y arbitrarios que conculcan las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad respecto del cargo de Juez de Policía Local y sus efectos, los Ordinarios Internos N° 0674, 0675 y 0676, de 2 de septiembre del 2016, expedidos por el Alcalde subrogante de la Municipalidad de Iquique, en respuesta al Oficio N° 290, petición efectuada por los recurrentes, adjuntándoles copia del Dictamen N° 063201, de la Contraloría General; y por otro lado, el referido Dictamen, de 26 de agosto del 2016, emitido por el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, en el cual, pronunciándose acerca de la consulta planteada por distintos requirentes, concluyó que los jueces de Policía Local están excluidos de la asignación especial Directivo-Jefatura, prevista en el artículo undécimo transitorio de la Ley 20.922, y asimismo, tampoco resultan ser beneficiarios del bono especial previsto en la letra a) del artículo octavo transitorio de la referida Ley.

Y es que tampoco puede concluirse que la Municipalidad de Iquique haya vulnerado o conculcado los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y el derecho de propiedad, al hacer suyo un Dictamen de la Contraloría General de la República que interpretando excluye a los Jueces de Policía Local de asignaciones que prevé́ la Ley 20.922, habiendo obrado la autoridad que emitió́ tales respuestas, conforme a su investidura legal, dentro de su competencia y en uso de sus facultades.