Opinión.
Declaración Pública de Amnistía Internacional: Ley de Inteligencia y su impacto en los derechos humanos.
A su juicio tal como existe hoy en día, ya viene siendo utilizada de formas que vulneran los derechos humanos, especialmente para dar seguimiento y vigilancia a activistas o personas que protestan e incluso a sus abogados/as defensores/as, y al utilizarse evidencia obtenida a través de ésta en juicios penales.

Amnistía Internacional ha emitido una Declaración Pública en la cual se refiere a la ley de inteligencia. A su juicio tal como existe hoy en día, ya viene siendo utilizada de formas que vulneran los derechos humanos, especialmente para dar seguimiento y vigilancia a activistas o personas que protestan e incluso a sus abogados/as defensores/as, y al utilizarse evidencia obtenida a través de ésta en juicios penales. El ejemplo más patente de esto fue en 2017, en el marco de la llamada “Operación Huracán”, en que se utilizó la ley para interceptaciones telefónicas masivas por parte de carabineros, con un control judicial extremadamente débil. Esto incluyó teléfonos de comuneros mapuche, alcaldes de origen mapuche, abogados/as defensores/as de personas mapuche e incluso figuras públicas que habían apoyado la causa mapuche.
La modificación a la ley de inteligencia que se está discutiendo actualmente no contribuye a su parecer mejorar estas preocupaciones. Por el contrario, afirma, la inclusión de grupos nacionales como posibles objetivos de contrainteligencia, y una ausencia de normas que fortalezcan los controles desde el poder judicial y/o del Congreso, centrando el rol en el ejecutivo, hace que se acreciente la posibilidad de que se utilice como herramienta de persecución a grupos que disientan del gobierno de turno, incluyendo a defensores/as de derechos humanos.
Lo anterior, añade Amnistía, se hace más preocupante dado el contexto en el que se está discutiendo este proyecto de ley. Una reforma al sistema de inteligencia nacional requiere de un análisis en profundidad, para asegurar que existan los adecuados contrapesos y salvaguarde el pleno respeto a los derechos humanos.
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