Álvaro Andaur

Aunque es común que los órganos administrativos utilicen expresiones como “déjese sin efecto” para extinguir actos administrativos, esta práctica adolece de fundamentos legales adecuados y puede vulnerar garantías como la motivación y el derecho a defensa, desdibujando la diferencia entre revocación, invalidación o revisión recursiva.

Es preciso entender que esta ley no ha creado ningún tipo de figura delictiva. Esto quiere decir que tanto el acoso sexual como el laboral si bien constituyen conductas ilícitas tanto en el sector público como en el privado, no son delitos para la legislación penal, por tanto su acometimiento en cualquiera de las sedes descritas no activa dicha jurisdicción a diferencia de lo que sí ocurre con el delito de acoso sexual en espacios públicos contemplado en el artículo 161-C del Código Penal o los tipos de abuso sexual previstos en los artículos 365 bis y siguientes del mismo código.

Es incuestionable que la ley de marras fue promulgada y publicada sin comprender al sector público, a pesar de las patentes y propaladas indicaciones efectuadas por los parlamentarios descritos. La justificación de esta omisión fue un aspecto eminentemente técnico-jurídico, en razón de que las indicaciones que pretendían incorporar a los funcionarios públicos a las normas contenidas en ese proyecto de ley resultaban inadmisibles por exceder la idea matriz o fundamental del mismo, según lo preceptuado por el inciso primero del artículo 69 de la Constitución Política de la República.

La propuesta Constitucional en definitiva lo que hace es cambiar las cosas, volviendo al sistema de la Constitución de 1925 y abandonando de esta manera la tradición de la Carta de 1980. En el fondo, se ha pasado a un sistema donde un conjunto de materias se entrega a la ley para su regulación y en el resto de las materias existe una cohabitación o co-regulación donde tanto la ley como el reglamento pueden regular.

El presente artículo analiza la calidad que actualmente se le atribuye a las multas contractuales derivadas de los contratos administrativos regidos por la Ley Nº 19.886. Se analiza someramente tanto la jurisprudencia administrativa, judicial y la postura que tiene la doctrina mayoritaria sobre la materia.