Carlos Patricio Suárez Gaete

El debate sobre el indulto presidencial se sitúa en el límite entre la potestad de gracia del Ejecutivo y la prohibición constitucional de intervenir en decisiones judiciales firmes. Su uso como mecanismo de corrección de sentencias plantea tensiones con el principio de separación de poderes y la intangibilidad de la cosa juzgada.

La carta plantea que el esquema clásico de tres poderes ha sido superado por una estructura real de seis centros de influencia —Ministerio Público, medios y órganos contralores incluidos—, y advierte que el fortalecimiento del poder persecutor debe ir acompañado de límites, controles y responsabilidad institucional.

El texto reflexiona sobre la tradición de antigüedad en la presidencia de las Cortes y su valor para la independencia judicial, destacando el significado institucional y simbólico de que, por primera vez, una mujer —la ministra Chevesic— pueda asumir dicho cargo como resultado natural de una trayectoria marcada por el rigor, la sobriedad y la excelencia profesional.

El recurso de nulidad penal encarna en el sistema chileno la herencia lógica de Aristóteles, al operar como un mecanismo de control de la coherencia del silogismo judicial: no revalora la prueba, sino que verifica que la sentencia derive racionalmente de premisas probadas y que su conclusión respete los principios de la sana crítica, la razón suficiente y la no contradicción.

Aunque las falsas denuncias en delitos sexuales, intrafamiliares o de violencia de género son un fenómeno empíricamente minoritario, su impacto institucional y social es significativo. Este análisis propone una mirada equilibrada, jurídica y empírica, que distingue entre error, retractación y dolo, resaltando la necesidad de respuestas prudentes, técnicas y con enfoque en derechos humanos para preservar la legitimidad del sistema penal.

La indignación crece en Chile frente a los abusos de las empresas eléctricas: tarifas infladas, boletas incomprensibles y soluciones que benefician a privados antes que a la ciudadanía. Hoy, la luz ya no es solo energía, es una lucha por la dignidad.,

La Corte Suprema revocó una decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió un recurso de amparo contra el Ministerio Público, estableciendo que la reformalización no puede ser utilizada para introducir hechos nuevos en la investigación penal, ya que ello vulnera garantías constitucionales del imputado.

A más de dos décadas de la reforma procesal penal, persiste una brecha estructural en el Poder Judicial: la escasa presencia de jueces de garantía y de tribunales orales en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Esta omisión no solo perpetúa una injusticia dentro de la carrera judicial, sino que debilita la comprensión práctica y la calidad ética de las decisiones en las instancias superiores.