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El recurrente estimó que se vulneró las garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2, 9 y 24.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.

La Magistratura Constitucional manifestó que, respecto del juicio de sobreviniencia, se demostró que se está ante una nueva crisis global de salud pública de origen epidemiológico y/o de procesos ambientales y de base zoonótica.

El daño es consecuencia de la errónea elección del método empleado para enfrentar el parto, defecto que se tradujo en lesiones que hasta cuatro años después no habían sido solucionadas.

Corte Suprema rechazó el recurso de queja deducido por dos sindicatos que reclamaron en sede del artículo 402 del Código del Trabajo.

No se adoptó de manera unilateral, se comunicó a los actores y acordó en asamblea de copropietarios celebrada en forma previa.

El ente contralor explicó que no se ha tomado razón de ningún acto que entregue funciones de policía a los cuerpos de seguridad ciudadana de las municipalidades.

La voluntad del legislador expresada en la Ley 21.093 hace obligatoria y vinculante para los Alcaldes o sostenedores la evaluación que el inciso tercero del artículo 72 bis del Estatuto Docente impone para emitir el pronunciamiento sobre el cese de funciones del personal docente municipal por la causal de salud irrecuperable o incompatible.

Se vulneró la garantía de igualdad ante la ley establecida en artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República.

Además regula el monitoreo telemático en la legislación.

La madre del infante fue condenada a cuatro años y siete meses de prisión por maltratar tanto a la víctima como a su otro hijo menor.

La Corte Constitucional señaló que, en una acción de incumplimiento, solamente le corresponde velar por la observancia del señalado marco delimitador de la actuación de los poderes públicos, pero no tiene atribución para interferir con el referido margen de discrecionalidad operativa.

La Corte Suprema señaló que, apareció de manifiesto que la sentencia recurrida no acató lo dispuesto en las disposiciones transcritas al negar que el actor tuviera derecho a la indemnización de los perjuicios causados.

El año 1974, durante la dictadura, tres mujeres fueron ejecutadas extrajudicialmente y dos hombres fueron víctimas de desaparición forzada.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, que los preceptos legales impugnados no resultarán decisivos en la resolución del asunto y por adolecer de falta de fundamento plausible.

La Corte de Santiago indicó que, las obligaciones que impone nuestra Carta Fundamental son preferentes y prioritarias para el caso de nos ocupa, y deben ser aplicadas por sobre las leyes existentes dado su menor rango.

El tribunal señaló que, la carta de aviso hizo una enunciación genérica, que no permite conocer las circunstancias que llevaron a la empleadora a tomar la decisión del despido.

Esto, a propósito de requerimiento del Rector de la Universidad de Chile, solicitando la reconsideración de dictámenes, por cuanto estima que, correspondería al Senado Universitario, aprobar y/o modificar los reglamentos referidos a los académicos.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, aunque existe el riesgo de que delincuentes usen mensajes cifrados para cubrir sus acciones, el riesgo causado por el uso de la herramienta aún no justifica la imposición de soluciones que implican un acceso excepcional o que reducen la protección garantizada por un cifrado fuerte.

Tercer informa sobre proyectos de ley relacionados con procedimientos especiales derivados de la emergencia sanitaria por el Covid-19.