Fernando Astudillo

La propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad abre, según el autor, una serie de tensiones con las obligaciones internacionales asumidas por Chile en derechos humanos. El análisis cuestiona especialmente la creación de un nuevo estado de excepción, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, la calificación político-administrativa de organizaciones criminales o terroristas, los regímenes penitenciarios diferenciados y la liquidación anticipada de bienes.

Nos parece que con todas las dudas que puede generar el sistema que está en marcha para la escrituración de un nueva ley fundamental, es una nueva oportunidad para la efectiva construcción del constitucionalismo jurídico en Chile, donde se integran valores y principios a las normas fundamentales.

Los pueblos indígenas han sufrido por siglos de esta falta de reconocimiento, generando entre otras cosas la pérdida de la lengua. Los padres y abuelos se negaban a enseñar su lengua a sus hijos/as y nietos/as por la discriminación que su uso implicaba. En nuestra amerindia era el castellano y el portugués, las lenguas dominantes.

Se olvida absolutamente esta sala de la I. Corte de Apelaciones del control de convencionalidad, lo que nuevamente pone en cuestionamiento a los órganos superiores del Poder Judicial y en definitiva su compromiso con un efectivo respeto de los derechos humanos de parte del estado de Chile; adicionalmente se podría suponer, respetuosamente y en estricto sentido técnico del concepto, ignorancia supina, esto es, “negligencia en aprender o inquerir lo que puede y debe saberse”.

La presente opinión intenta problematizar sobre la concepción actual de los derechos humanos y para ello propone la reflexión sobre la base de cuatro ideas: Los derechos humanos son o deben ser esencialmente una construcción cultural; no se originan en las leyes; hoy más que nunca no es posible concebirlos sin una democracia participativa y finalmente hay que superar la mirada eurocéntrica de ellos.