Henry Boys

La valiente determinación del edil puede configurar una manifestación de lo que en la doctrina administrativa se conoce como “desviación de poder”: la dictación de un acto administrativo en consideración a un fin distinto –sea de interés público o privado– a aquel que se tuvo a la vista al conferirse los poderes jurídicos a la Administración (Giorgi). Ciertamente la LGU no fue diseñada para combatir el narcotráfico, puesto que la atribución edilicia de derribar ampliaciones ilegales mira al interés público de planificación urbana y no al de seguridad. En consecuencia, los actos administrativos

El ente contralor adujo esto, dado que la normativa que regula la jornada extraordinaria está prevista para los funcionarios que realizan sus labores en forma presencial y no mediante teletrabajo.

Esto, a propósito de que el Centro de Conciliación y Mediación conoció reclamos de dos exfuncionarias a contrata de Carabineros de Chile, que impugnaron la decisión de no renovar sus contratas para el año 2020.

Lo que sí queda en evidencia, como intentaré presentar en este breve artículo, es una cierta coincidencia de atribuciones constitucionales que no deja claro quién tiene la última palabra en Chile respecto a la interpretación de una parte nuclear de la Carta Fundamental: el capítulo tercero, "de los derechos y deberes constitucionales".

Se trata de un asunto que ha de ser deteminado en la casuística, pero que ya no es posible ignorar del todo o considerar de plano irrelevante.