Luis Alfonso Herrera

El reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Energía de un error metodológico que provocó cobros excesivos en las cuentas de luz revela no solo los riesgos de fallas regulatorias en la fijación de tarifas, sino también la necesidad urgente de revisar la arquitectura institucional del servicio público eléctrico en Chile, a fin de garantizar responsabilidad efectiva del Estado y protección real para los usuarios.

El actual Consejo Constitucional no es un órgano constituyente originario, con poderes ilimitados, omnímodos o refundacionales, es decir, no parte de una “hoja en blanco”, sino de los límites que la Constitución vigente les fija, en forma y contenido, entre las cuales están las “bases de la institucionalidad” de los doce numerales del artículo 154, que “deberá contener” la propuesta de nueva Constitución, sin perjuicio de que el mencionado Consejo añada otras bases.

Cabría pensar que cualquier cambio institucional en el régimen actual de oferta de servicios públicos tendría por finalidad mejorar lo existente, corrigiendo lo que no está bien y fortaleciendo lo que sí opera de forma adecuada. Sin embargo, no necesariamente es esto lo que se desprende de algunos artículos del borrador de Constitución.

Mientras el Estado social, en su versión original, dio lugar a un Estado de Bienestar, con numerosos servicios públicos y empresas de titularidad estatal operando en la sociedad, el Estado garante postula reorientar el rol de la Administración.

Se examina el contexto de surgimiento de la teoría del poder constituyente y su progresivo anacronismo, a partir de la superación de las fundamentaciones teológicas y filosóficas del poder en sociedades regidas por instituciones democráticas y deliberativas. En tal sentido, con base en la teoría de la elección pública, se plantea que la Convención Constitucional no opera como una entidad con vida propia llamada “poder constituyente” originario, soberano, sino como una agrupación de individuos concretos, con intereses, visiones, compromisos, sesgos y fines propios, legitimados por el voto popul

A partir de la identificación de algunos principios fundamentales del procedimiento administrativo previstos en las Leyes 19.880 y 21.180, y de denuncias, irregularidades y fallos judiciales de condena por violación o incumplimiento de dichos principios, se examinan los problemas que actualmente presenta el proceso de transformación digital en el Departamento de Extranjería y Migración en los procedimientos administrativos de entrega de visas a extranjeros residentes en Chile, y se plantea la urgente necesidad de que los mismos sean prontamente superados.