Rodrigo Rettig

El discurso contemporáneo del compliance y la ética empresarial enfrenta una tensión estructural con un contexto político y cultural que normaliza la transgresión, el desprecio por las reglas y el liderazgo sin contrapesos, poniendo en cuestión la coherencia y credibilidad real de la integridad organizacional.

La igualdad que sería deseable promover y construir sobre ella, es la igualdad de todos en al menos algo, no de todos en todo. Nadie sensato debiera buscar que todos tengan un automóvil de una marca alemana o italiana en el frontis de la casa o que nadie tuviera un auto, sino que todos tengan iguales consideraciones de respeto, trato (ver concepto “Igualdad Democrática” de Elizabeth Anderson) y de condiciones de vida material. Y ojo, aquí se debe hablar de igualdad, no de equidad, que es la justicia aplicada al caso concreto.

Las recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2 y 24.

La Magistratura constitucional sostuvo que no basta para respetar el derecho a un procedimiento racional y justo con acreditar que la cédula se fijó en el inmueble gravado con el impuesto.

El artículo 3 de la Ley 19.913 establece una obligación de alertar, dirigida a una serie de instituciones, dentro de las cuales están los bancos, que tiene por objeto avisar a la Unidad de Análisis Financiero respecto a operaciones sospechosas que pudieren ser indiciarias del delito de lavado de activos.

La libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Si lo afectado a través del ejercicio de la libertad es o no tercero, y si ese eventual tercero debe ser sujeto de protección es la materia genuina a debatir.