Crisis en la judicatura penal
El año negro del Poder Judicial
La reciente destitución del ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue reabre el debate sobre una posible crisis del Poder Judicial, la percepción ciudadana de corrupción y los criterios de nombramiento y actuación de sus autoridades, cuestionando especialmente el rol de la judicatura penal en causas de derechos humanos, el respeto al debido proceso y la aplicación de la ley vigente al momento de los hechos.

Conocida la destitución del ministro de la Corte Suprema de Justicia, don Diego Simpértigue, he leído en la prensa la expresión que sirve de título a estas líneas.
Es la tercera autoridad destituida dentro de los últimos 14 meses por casos de corrupción, lo que lleva a hablar de una crisis de nuestro Poder Judicial.
No disfrutando del mal ajeno, la noticia no podría alegrarme, pero me lleva a expresar que ojalá la decisión haya estado basada en hechos objetivos y se hayan respetado todas las normas al respecto, cosa que no siempre está garantizada cuando se trata de juzgar al común de los mortales.
Tampoco debiera uno sorprenderse cuando lo sucedido no hace otra cosa que confirmar el resultado que arrojan periódicamente las encuestas de la percepción ciudadana.
Hace años que el Poder Judicial disputa los últimos lugares y ello obedece probablemente a diversas causales, aunque destaca entre ellas el procedimiento que se sigue para el nombramiento de los ministros y lo que se prioriza para votar por uno u otro.
Un botón de muestra.
Como lo ha señalado fundada y repetitivamente en sus escritos el valiente abogado Adolfo Paul, los ministros de la sala penal de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones que conocen casos de derechos humanos, no aplican la ley vigente al momento que se cometieron los delitos que se investigan.
Cometen prevaricación sirviéndose de los más rebuscados argumentos y no se dignan descender de sus alturas para contestar las documentadas críticas que se les formulan en los mencionados escritos.
Prefieren ignorarlas, es decir, usando la expresión de moda, “cancelan” a quien las pronuncia.
La ley de amnistía está vigente pero quien ha sido recientemente nombrada para presidir la Corte Suprema parece que considera un mérito nunca haberla aplicado, ni siquiera de acuerdo con la interpretación del entonces presidente, don Patricio Aylwin.
A pesar de esto último no pierdo la esperanza que estas destituciones, lleven a que los ministros de la sala penal y cortes de apelaciones reflexionen y moderen su afán condenatorio y, cuando les corresponda, lleven adelante un debido proceso, sin dejarse atemorizar por el fantasma de una pretendida impunidad para los juzgados bajo el antiguo sistema procesal que carece de garantías.
Recordando una frase escuchada a mis antepasados:
“Cuando la barba de tu vecino veas cortar, echa la tuya en remojo”.
¿Ilusorio?
Bueno, la proximidad del Año Nuevo lleva a desear tiempos mejores, especialmente para todo aquel que cumple injusta condena y se dice, habitualmente, que la esperanza es lo último que se pierde.
Humberto Julio Reyes
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