El silencioso deterioro del financiamiento municipal por efecto de la inflación

Los municipios están perdiendo capacidad financiera año tras año por una razón tan simple como preocupante: sus principales fuentes de financiamiento no tienen asegurado un reajuste conforme al IPC, mientras sus gastos obligatorios sí aumentan con la inflación.

El problema alcanza al Fondo Común Municipal, a los ingresos per cápita destinados a salud y a otras fuentes de financiamiento. Actualmente no existe una regla legal o constitucional general que obligue al Estado a reajustar esos recursos de acuerdo con la variación del costo de vida.

La consecuencia es directa. Si los ingresos municipales no aumentan al ritmo de la inflación, pero sí lo hacen las remuneraciones, los servicios y otros gastos indispensables, los municipios disponen cada año de menos recursos reales para cumplir las mismas funciones.

Esto no es solamente un problema presupuestario. También compromete la autonomía municipal reconocida constitucionalmente. Difícilmente puede hablarse de verdadera autonomía si las municipalidades reciben competencias y responsabilidades mientras disminuyen, en términos reales, los recursos disponibles para ejercerlas.

La discusión sobre el financiamiento municipal no puede limitarse a cuánto recibe una comuna respecto de otra. Hay una cuestión previa y más profunda: ¿cómo pueden los municipios cumplir adecuadamente sus funciones si sus ingresos pierden sistemáticamente poder adquisitivo?

Es un problema que avanza silenciosamente. La pregunta es cuánto tiempo más puede mantenerse este sistema antes de volverse insostenible.

Marcelo Santibáñez Prado

Abogado

Magister en Derecho Público