Sr. Director:
Tras varios días, sesiones y sucesivas votaciones del tipo “deja vu”, la elección de Presidente del Tribunal Constitucional se mantiene en un punto muerto de empate entre Marisol Peña y Carlos Carmona, más dos abstenciones. Llama la atención que no teniendo los votos para formar mayoría absoluta y sin acuerdos entre ambos grupos, ambos postulantes no desbloqueen el proceso declinando de sus candidaturas tras la consolidación de un empate reiterado y sin salida. En una institución colegiada y diversa, la situación descrita es sinónimo de inviabilidad de la postulación de los candidatos empatados y constituye una señal preocupante de bloqueo y desgobierno por sus propios pretendientes a la Presidencia, que no obtienen mayorías y se niegan a que otros las obtengan al no abrir el paso a una nueva y diferente elección.
En este escenario, la mantención de statu quo podría ser una vía de compromiso, pero el voto del actual Presidente, Ministro Raúl Bertelsen, por una de las opciones empatadas y la no obtención de votos por su parte es una muestra inequívoca: su reelección nunca estuvo en carpeta.
La gobernabilidad de un órgano colegiado de control es siempre un tema relevante, y su ingobernabilidad pasa a ser un tema crítico, sobre todo si incide en conflictos del legislativo, del ejecutivo y en la aplicación de leyes vigentes por los jueces, cuestión que se agrava todavía más si el Presidente del Tribunal goza de voto dirimente en algunas materias claves para nuestro sistema político.
¿Qué depara la elección pendiente? ¿una sesión en que se repita lo ya visto una vez más? La LOCTC no establece qué ocurre si no hay acuerdo. Si no se elige Presidente, la subrogancia es una falacia: vencido el plazo no hay Presidente, y no se puede subrogar a alguien que no existe, pues conceptualmente toda subrogancia presupone un titular en funciones, exigencia que en este caso no concurre. Conclusión, vencido el plazo del Presidente Bertelsen, su sucesión sin elección con mayoría de votos puede ser difícilmente conciliable con el artículo 7º de la Constitución, al no haber mecanismo en la ley que lo habilite, llevando al Tribunal chileno a una comprometida posición de legitimidad, que recuerda fantasmas propios de lo que tribunales de otros países cercanos han vivido recientemente, pero que veíamos como problemas muy lejanos hasta hace pocos días.
La señal de abstención del Ministro Aróstica indica que si la elección está marcada por los sucesos políticos que ocurren fuera del tribunal -como algunos parecen creer-, la Ministra Peña no convoca entonces a todos los integrantes de sensibilidades cercanas al oficialismo, agregando que no convoca tampoco el voto de María Luisa Brahm.
Suponiendo que el empate eterno se descartara, otros medios y círculos se han inclinado expresando la viabilidad transversal de la candidatura de Hernán Vodanovic, reconocido desde hace muchos años como un sujeto capaz de lograr acuerdos y afrontar situaciones difíciles con pragmatismo y eficacia, quién superado el empate debería concitar apoyos transversales de Ministros afines a gobierno y oposición; léase que el antaño dirigente y senador del PS es el más antiguo fuera de la Presidencia -fue nombrado en igual fecha que Raúl Bertelsen- y además es otro voto de abstención en este proceso, es decir, no votó por sí mismo, pues al parecer no se le ve tras el cargo en el escenario actual, y desde un principio no adhirió a la candidatura de Carlos Carmona, debiendo recordarse además que el Presidente Bertelsen fue electo con el voto de Vodanovic, en una elección originalmente empatada frente a Francisco Fernández y finalmente zanjada con el voto del ex Presidente Marcelo Venegas.
Las señales que entrega la elección de Presidencia del TC son de compleja y preocupante lectura: un órgano que necesita cohesión para poder interactuar con los tres poderes del Estado no es capaz de generar acuerdos entre sus propios miembros, en un momento en el que se habla de reformarlo a nivel de campañas presidenciales. Sin duda se requiere el desbloqueo del proceso electoral, y que éste concluya con un resultado específico: un Presidente que goce de las capacidades necesarias para gobernar el Tribunal en este contexto, posicionarlo frente a los tres poderes del Estado y descartar las consecuencias de debilitamiento y fracturas que acarrean la perpetuación de este empate electoral, todo ello con pleno respeto al funcionamiento del sistema democrático. (14 de agosto de 2013)
Renato Bernal