Equivocaciones municipales para posibilitar negocios ilegales.

Desde hace años en la prensa independiente que, bajo ninguna circunstancia tolera la corrupción, estamos dando cuenta de comportamientos «flexibles» de las municipalidades y de otros servicios públicos que, por debilidad o acuerdos verbales secretos con privados ambiciosos, aceptan cometer errores para que sus solicitantes de permisos de edificación, en las respectivas direcciones de obras municipales (DOM), obtengan mejores condiciones constructivas para sus proyectos de inversión inmobiliaria.

Así, esos codiciosos empresarios obtienen mayores rentabilidades en sus negocios, lo que se posibilita en parte dado que la legislación en la materia es bastante críptica y por ende muy pocos la entienden. Aquellos que la conocen en detalle, para no quedar como conflictivos, optan por el silencio cómplice que da pábulo a la competencia desleal, que es una lacra en el sistema de libre mercado que nos rige.

Recordemos que la guía principal para establecer el precio de mercado de los terrenos urbanos, sobre todo por el aspecto del uso de suelo de los mismos, está establecido con suma claridad en las regulaciones normativas contenidas en los planes reguladores intercomunales y comunales (PRI y PRC), como también en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LGUC y OGUC), pero existe la inveterada costumbre, casi generalizada, de que los funcionarios que ejercen el cargo público de DOM cometen desaciertos «involuntarios» en las emisiones de los Certificados de Informaciones Previas (CIP) que firman ellos, los que son utilizados por los solicitantes de permisos, yerros que invariablemente favorecen a los anteriores y con estos errores se levantan sus construcciones.