La Comisión de Derechos fundamentales de la Convención Constitucional ha rechazado dos indicaciones presentadas para consagrar y asegurar las libertades de educación y enseñanza en el texto de la futura Constitución que se nos propondrá. La primera indicación rechazada señalaba: “los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponde al Estado otorgar especial protección a este derecho”. La segunda: “cada establecimiento educacional podrá fijar libremente el contenido de cada programa, conforme a su proyecto educativo”.

Cabe preguntarse, ¿por qué la mayoría indigenista y de extrema izquierda que domina la Convención rechaza dos libertades tan básicas, que hoy sí están aseguradas en la Constitución del año 2005 que nos rige? Creo que la respuesta está en la mentalidad estatizante y estatizadora que guía su trabajo. Esta mentalidad está presente en la mayoría de las disposiciones aprobadas por el Pleno y comisiones y puede resumirse en la frase: “todo para el Estado, lo mínimo para los ciudadanos”.

Tal como va el trabajo de la Convención, en el nuevo texto que han redactado se nos propondrá un Estado Pluripoderoso y ciudadanos con mínimas libertades sujetos a su control. No aprobarlo en el plebiscito de salida es nuestra respuesta liberadora.

Francisco Bartolucci Johnston