En el Derecho Civil -conjunto de normas que regulan a las personas y sus relaciones con el resto de la sociedad- existe un principio que se denomina «evitación del enriquecimiento sin causa», a través del cual se busca que los individuos no se enriquezcan a costa de otros sin fundamento plausible.

Al mismo tiempo, el Derecho del consumidor, pretende evitar los eventuales abusos de las empresas hacia las personas, cuando no respetan los derechos legales o se coluden, por ejemplo. Si los parlamentarios legislan de un modo en el cual las personas no abusan los unos de los otros en sus relaciones, lo que me parece correcto, ¿por qué no utilizar la misma lógica en las relaciones del Estado y sus organismo públicos con las personas?

Si un servicio público no resuelve mis problemas; si los políticos no cumplen sus promesas de campañas -ya sea por incapacidad personal o porque la promesa era falsa-; o si el Estado hace y deshace con el dinero de los contribuyentes ¿no sería adecuado que las normas de Derecho público apunten, en este aspecto, en el mismo sentido que las normas de Derecho privado?

Agustín Soto