Políticas migratorias en Chile
Irregularidad migratoria no es sinónimo de delincuencia
Luis Guillén, en situación migratoria irregular, rescata a madre e hijo chilenos de un incendio en La Serena. Este incidente invita a una reflexión más profunda sobre las políticas migratorias, la integración social y la necesidad de superar prejuicios en el debate público sobre la migración en Chile.

Hace unos días el venezolano Luis Guillén, quien se encuentra en el país en situación migratoria irregular, salvó la vida de una madre chilena y su hijo quienes se vieron en peligro a causa de un incendio en su departamento en La Serena. Luis arriesgó su vida para ayudar a otro ser humano. Así lo ha expresado él mismo, al reflexionar sobre lo ocurrido, y destacar que en ese momento lo último que pensó fue en la nacionalidad de estas dos personas que necesitaban ayuda.
Luis Guillén está en el país en situación migratoria irregular, pero su acto heroico -que le ha valido el reconocimiento de bomberos y de sus vecinos- nos permite recordar que la situación de irregularidad migratoria de una persona no puede asimilarse a delito. Asimismo, que muchas personas que han venido a Chile y se han visto en la necesidad de sortear la burocracia arriesgándose a vivir, en contra de su voluntad, en situación de irregularidad migratoria, no pueden calificarse a priori como delincuentes, como se ha querido insistir desde algunos medios de comunicación (en los cuáles por cierto no se le ha dado la cobertura que amerita lo que ha hecho Luis) o como han querido imponer algunos políticos en sus discursos, lo que solo procede hacer en los casos en que estas personas han cometido delitos y ello se ha probado y sentenciado en un debido proceso penal.
Estar en situación de irregularidad migratoria significa, en términos simples, no haber acreditado que se cumple con los requisitos que la ley de un país establece para obtener documentos como visas o permisos de trabajo que permitan relacionarse jurídicamente con otras personas y las autoridades. Es decir, implica estar pendiente de ajustar su estadía en el territorio de ese país a lo exigido por la ley, pero no constituye -ni debe constituir según recomendaciones de la ONU- un delito.
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