Reposo domiciliario obligatorio
Las licencias medicas, el reposo médico obligatorio entre cuatro paredes: ¿una vulneración a la libertad ambulatoria?
La obligación de reposo domiciliario durante licencias médicas en Chile plantea un serio conflicto entre el derecho a la salud y la libertad ambulatoria, al imponer restricciones sin intervención judicial ni criterios de proporcionalidad. Urge repensar este régimen bajo una mirada más flexible y respetuosa de los derechos fundamentales.

En Chile, el régimen de licencias médicas constituye un instrumento fundamental para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores, permitiendo que estos puedan ausentarse de sus labores por razones médicas sin perder su remuneración. Sin embargo, la imposición del reposo obligatorio “en domicilio” —establecido por la Contraloría Médica de las entidades previsionales— ha generado un conflicto no menor con uno de los derechos constitucionales más esenciales: la libertad personal y de desplazamiento, consagrada en el artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República.
La normativa actual exige que durante el período de licencia, el trabajador se mantenga en su domicilio y solo pueda salir en los horarios establecidos de permiso. De no cumplir con estas instrucciones, arriesga la invalidación del subsidio por incapacidad laboral, es decir, la pérdida del pago por esos días de reposo. La pregunta que se impone entonces es: ¿puede el Estado, en nombre de la recuperación médica, restringir la libertad ambulatoria de una persona en su propio hogar?
Desde el punto de vista legal, nuestra Constitución Política de la República establece que la libertad ambulatoria solo puede ser restringida por medio de una resolución judicial fundada o por una ley expresa, y no por resoluciones administrativas. Sin embargo, en los hechos, la imposición del reposo domiciliario tiene un efecto equivalente a una medida cautelar de arresto domiciliario, pero sin intervención de tribunales. El trabajador se ve obligado a mantenerse dentro de su casa durante días o semanas, bajo amenaza de castigo económico, sin que se haya evaluado su caso particular con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
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