Malversación de Junaeb

Ha vuelto a desatar polémica el inicio de la investigación e incautación de dispositivos a involucrados en delitos de malversación de recursos públicos y lavado de activos, un caso que compromete tanto a parlamentarios aún en ejercicio como a exfuncionarios de Junaeb y la empresa prestadora del servicio SOSER. Con el cambio de administración, se formalizó una denuncia ante la Contraloría tras detectarse graves irregularidades en las gestiones previas.

Los delitos imputados son de la máxima gravedad y ponen de manifiesto cómo los beneficios estatales han sido capturados por redes de interés en perjuicio de la sociedad. Lejos de la ilusión de un Estado benevolente, este caso ilustra con claridad la tesis del Public Choice: la estructura burocrática se convierte en un botín donde agentes privados y operadores políticos persiguen rentas particulares a costa de recursos públicos que debían llegar a los escolares.

A medida que avanza esta nueva línea investigativa, salen a la luz antecedentes cada vez más desconcertantes, erosionando la confianza ciudadana al instrumentalizar un beneficio estatal para favorecer fines particulares.

Cynthia Campos Gómez

Fundación para el Progreso