En abril de presente año se señalaba que en Chile solo hay 24.178 plazas disponibles en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) para atender al total de 288.346 personas mayores que sufren de dependencia severa. La crisis silenciosa de un servicio esencial para un grupo de cerca de medio millón de personas mayores en el país pone en peligro los compromisos internacionales asumidos por Chile respecto al derecho de este grupo a un envejecimiento digno y saludable según lo contenido en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. La situación es paradójica y alarmante si se considera que la década de 2021 al 2030 ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como la de Envejecimiento Saludable.
La realidad de los Eleam en el 2024 se resume en falta de plazas, cierre de establecimientos y listas de espera para quienes no pueden esperar. La situación profundiza dos realidades tradicionalmente invisibilizadas en Chile, la importancia del cuidado como eje central en una sociedad empática, respetuosa de los derechos fundamentales; y, las necesidades específicas de un grupo etario que requiere atención prioritaria en un país cuya población tiene el uno de los mayores envejecimientos de la región.
Según lo señalado en el informe Dependencia y Cuidados en la Vejez del Observatorio del Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en base a los datos de la Sexta Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social, el 4,17% de las personas mayores de 60 años en Chile reportan dependencia severa y el 5,57% moderada, dos segmentos que requieren apoyo y cuidado constante. Lo señalado debe tener en cuenta también que, según la Quinta Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez el 66% de las personas encuestadas mayores de 60 años afirman que su mayor preocupación es la dependencia de terceros, en la medida en que esta pueda ser puesta en práctica, debe equilibrarse armónicamente con la necesidad de cuidado.
Por otro lado, en la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia de 2022 se señala que 17,6% de las personas adultas del país presenta algún grado de discapacidad, lo que equivale a 2.703.893 personas. De ellas, un 11,4% presenta discapacidad severa y un 6,2% presenta discapacidad leve o moderada, aumentando la incidencia de la discapacidad ante la mayor edad y menores recursos de la persona. El 41,5 % de las personas adultas en situación de dependencia no tiene cuidador o cuidadora permanente y el 41,5% tiene uno que reside en el hogar. Finalmente, según el INE al 2022 el 18,1% de la población de Chile es mayor de 60 años, proyectándose que el 32,1% lo sea para el 2050, aumentando drásticamente la demanda de cuidados y su adecuada regulación en el contexto descrito en que la mayor oferta proviene de mercado
De los datos reseñados se puede concluir que, alrededor de un 9,8 % de la población adulta de Chile requiere algún tipo de cuidado y se concentra, principalmente, en dos grupos de gran susceptibilidad a la vulnerabilidad como son las personas con discapacidad y las personas mayores. Una gran parte de ejercicio del cuidado se hace de manera informal por un miembro de la familia o persona cercana; sin embargo, las relaciones contractuales privadas o los servicios prestados por el Estado que tienen como objeto el cuidado es cada vez más comunes como consecuencia de fenómeno de la profesionalización de su ejercicio.
Adicionalmente, según datos de Senama en mayo del 2021, en Chile existen 862 Eleam que atienden en su conjunto a 23.568 personas mayores. De estos, el 1,9% son públicos, un 30,3% sin fines de lucro y un 67,9% privados que corresponden a pequeñas y medianas empresas. El 34,5% de los Eleam funcionan sin la resolución sanitaria necesaria y han protagonizado sucesos de maltrato.
La prestación de servicios de residencia y cuidado de personas mayores en Chile es mayoritariamente absorbido por el mercado, consolidando la necesidad de investigar la manera en que se configura la misma y garantizar la democratización y accesibilidad al mismo, en la medida en que es un derecho.
De lo expuesto, se puede concluir que, alrededor de un 9,8 % de la población adulta de Chile requiere algún tipo de cuidado y se concentra, principalmente, en dos grupos de gran susceptibilidad a la vulnerabilidad como son las personas con discapacidad y las personas mayores. Esto implica que debe existir, al menos, una persona que se dedique a proporcionar el apoyo y cuidado. Una gran parte de ejercicio de cuidado se hace de manera informal por un miembro de la familia o persona cercana; sin embargo, las relaciones contractuales privadas o los servicios prestados por el Estado que tienen como objeto el cuidado son cada vez más comunes como consecuencia de fenómeno de la profesionalización de su ejercicio.
La proliferación de Eleam sin fiscalización estatal y el colapso de sistema actual han centrado la discusión en la necesidad de normativa que permita acercase al cumplimiento de la demanda; sin embargo, ésta debe estar adaptada a la realidad de los establecimientos más pequeños o que se encuentren en sectores rurales, por lo que la discusión se centra en el Decreto 20 que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores cuya entrada en vigor está aplazada hasta el próximo año y es objeto de discusión y modificaciones por la Mesa de Expertos modificatoria de mismo.
El gran desafío se encuentra en el consenso entre todos los actores para lograr que los requerimientos y los incentivos adecuados permitan la cobertura de servicio desde un enfoque de derechos; teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población chilena y la urgencia de atender las necesidades de cuidado.
Edison Calahorrano Latorre
Académico del claustro del Doctorado en Derecho de la Universidad Central de Chile.
Editor en jefe de la Revista científica Diké, Irene y Eunomía (RDIE).