Resolución N°442/22 de la Dirección Administrativa de la Presidencia.
Cambio de denominación del “Gabinete de la Primera Dama” por el de “Irina Karamanos” no corresponde, pues se asoció la imagen de una persona a los fines institucionales de la Presidencia de la República, dictamina la Contraloría.
Tampoco se ajustó a derecho que la resolución efectuara modificaciones al Gabinete de la Primera Dama y estableciera funciones que corresponden a la esfera de atribuciones de los Ministros de Estado.
Diputadas y Diputados de oposición (pertenecientes a la UDI, RN, EVOPOLI y Partido Republicano), solicitaron a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la juridicidad de la resolución exenta N°442 de 30 de marzo del 2022 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la Republica, que cambió la denominación del “Gabinete Primera Dama” por el de “Gabinete Irina Karamanos” otorgándole funciones fuera de su competencia, pues la referida modificación personalizaría el ejercicio de un cargo público y atribuiría al Gabinete potestades de otros órganos de la Administración.
Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi, efectuó dos presentaciones en las cuales consulta sobre el registro del nombre del dominio web del Gabinete Irina Karamanos.
En el mismo sentido dos particulares efectuaron denuncias sobre el objeto de la consulta.
Temas
Te puede interesar
Estado de Catástrofe por Calamidad Pública.
Decisión del MINSAL de que residentes chilenos y extranjeros que ingresaron al país durante la pandemia debían acceder a un hotel de tránsito y financiarlo a su costa, se ajusta a derecho dictamina la Contraloría
Proceso constituyente.
Convenio celebrado entre la Gobernación Regional de Valparaíso y la ex Convención Constitucional se ajusta a la Ley de Presupuestos, dictamina la Contraloría.
En la medida que se respete el orden de prelación establecido en el artículo 17 de la Ley 19.465.
Alumnos de las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas pueden acceder a prestaciones de salud con cargo fiscal en recintos de salud distintos a los institucionales mientras exista un convenio vigente con aquellos, dictamina la Contraloría.
