No procede usar vehículos municipales para trasladar a funcionarios con discapacidad desde sus domicilios particulares hacia su lugar de trabajo y viceversa.

La II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago remitió a la Contraloría General de la República la presentación de la Municipalidad de San Ramón, mediante la cual consulta si resulta posible usar vehículos municipales para el traslado de funcionarios con discapacidad desde sus respectivos hogares al lugar de trabajo y viceversa.

Como cuestión previa, el Contralor recuerda que el artículo 2° del decreto ley N° 799, de 1974, que regula el uso y circulación de vehículos estatales, previene, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, que solo tendrán derecho a uso de vehículos para el desempeño de las funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los servicios públicos que mediante decreto supremo, estén autorizados para ello, permiso que, tratándose de las municipalidades, corresponde ser concedido por el alcalde (aplica dictamen N° 5.759, de 2017).

En relación con la anotada normativa, la jurisprudencia de la Contraloría, contenida en los dictámenes N°s. 35.593, de 1995, y 52.060, de 2005, ha manifestado que el uso de vehículos de propiedad del Estado debe orientarse exclusivamente al cumplimiento de las funciones propias del servicio al cual pertenecen, de tal manera que los funcionarios en caso alguno y bajo ninguna circunstancia pueden usarlos en labores particulares o ajenas a los cometidos institucionales de la respectiva entidad.