Impugnación contra bases de licitación se rechaza por TCP al no acreditarse desproporción entre presupuesto y exigencias técnicas

Por el contrario, el Tribunal estimó que la prueba documental aportada por el Servicio Local permitía tener por no acreditada la insuficiencia presupuestaria denunciada.

Advirtió que el procedimiento contó con una pluralidad de oferentes que presentaron propuestas económicas ajustadas al presupuesto máximo de $270 millones, circunstancia que estimó directamente contraria a la tesis de insuficiencia sostenida por la demandante.

Agregó que el contrato fue adjudicado y que se acompañaron antecedentes relativos a su ejecución y al equipo de trabajo de la empresa adjudicataria, en concordancia con las exigencias previstas en las bases.

Respecto del régimen de multas y término anticipado del contrato, el Tribunal señaló que la sola circunstancia de que las bases contemplen multas por incumplimiento contractual y causales de término anticipado no constituye, por sí misma, una infracción al ordenamiento jurídico.

Precisó que las bases establecían las causales de término anticipado, las hipótesis, procedimiento y montos aplicables en materia de multas y un límite máximo que no excedía el 30% del valor total del contrato. Asimismo, contemplaban un procedimiento que permitía al proveedor formular descargos y mantenía a salvo su derecho a interponer los recursos establecidos por la ley.

Por ello, concluyó que tampoco se acreditó que estas disposiciones fueran ilegales, arbitrarias o desproporcionadas en los términos denunciados por la demandante.

El Tribunal sostuvo además que el artículo 6° de la Ley N°19.886 reconoce a la Administración un margen de configuración normativa para definir las condiciones técnicas, operativas y económicas del servicio a contratar, siempre que dicho ejercicio se oriente a obtener la combinación más ventajosa entre beneficios y costos y no importe una diferenciación arbitraria ni una definición basada exclusivamente en el precio.

Asimismo, señaló que las bases constituyen el instrumento mediante el cual la entidad licitante fija de manera previa, objetiva, pública y de general conocimiento las reglas que regirán el proceso de compras y el contrato definitivo, siendo obligatorias tanto para los oferentes como para la propia entidad que las dicta.

Precisó, sin embargo, que la potestad de los órganos de la Administración para fijar el contenido de sus bases no es discrecional ni ilimitada, sino que debe ejercerse subordinada al principio de juridicidad, sin establecer condiciones contrarias al ordenamiento jurídico, que excedan la competencia de la autoridad o que resulten arbitrarias o carentes de fundamento.

El Tribunal también tuvo presente que el ordenamiento jurídico de compras públicas establece un deber especial de promoción de la participación de las empresas de menor tamaño en el Sistema de Compras Públicas.

No obstante, indicó que este deber no exime a los organismos públicos de fijar en cada licitación las exigencias técnicas, de personal y de seguridad razonablemente necesarias para la correcta ejecución de las prestaciones requeridas, ni transforma en ilegal toda base que, por su especialización, pueda suponer una mayor exigencia para los oferentes de menor tamaño.

Concluyó que dicho deber de promoción debe armonizarse con los principios de eficiencia del gasto público y con la necesidad de asegurar la idoneidad técnica del contratista, correspondiendo a quien invoca su vulneración acreditar la efectiva desproporción entre las exigencias de las bases y el presupuesto disponible, lo que no fue acreditado en este caso.

En consecuencia, el Tribunal rechazó la acción de impugnación interpuesta contra la Resolución Exenta de 29 de agosto de 2025, que autorizó el llamado a licitación y aprobó sus bases administrativas y técnicas y anexos, sin condenar en costas a la demandante por haber tenido motivo plausible para demandar.

Vea sentencia Tribunal de Contratación Pública Rol N°374-2025-A.