Gastón Villagra Santander: “Los desafíos de la consolidación digital y la modernización en la justicia civil“ por .

La modernización digital en los tribunales civiles del Poder Judicial en Chile ha recorrido un camino consolidado tras la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica. Sin embargo, el desafío actual se ha transformado en garantizar una justicia ágil, transparente y con real acceso ante el masivo ingreso de causas, exhortos y procedimientos ejecutivos y ordinarios. Históricamente, estos tribunales manejan un volumen crítico de litigiosidad interpartes, donde la gestión eficiente del expediente virtual, la reducción de los tiempos de dictación de resoluciones y la interoperabilidad con otros órganos del Estado son claves para evitar los tradicionales cuellos de botella procesales.

A pesar del estándar digital ya instalado, el sistema enfrenta retos operativos relevantes relacionados con la carga de trabajo, la compatibilidad con sistemas externos y la necesidad de incorporar nuevas tecnologías —como la automatización de escritos repetitivos y módulos avanzados de gestión— para optimizar la labor jurisdiccional. Adicionalmente, la práctica jurídica y los análisis sobre la modernización de la justicia civil advierten que la simple digitalización de documentos en formato PDF ya no es suficiente para contener la alta litigiosidad actual.

En este escenario, la adopción de herramientas de gestión avanzada y la interoperabilidad con instituciones clave —como el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Tesorería General de la República o los Conservadores de Bienes Raíces— se tornan indispensables para optimizar la tramitación y responder de manera más eficiente a los requerimientos de la justicia civil. Con el propósito de profundizar en estos desafíos y conocer de primera fuente cómo se proyecta la gestión jurisdiccional frente a las demandas de los usuarios y los operadores del sistema, conversamos con Gastón Villagra Santander, juez titular del 10° Juzgado Civil de Santiago.

A través de su visión, el magistrado analiza el impacto real de las herramientas tecnológicas actuales, los nudos críticos que aún persisten en la tramitación ordinaria y ejecutiva, y las claves para consolidar un servicio de justicia más cercano, eficiente y transparente para la ciudadanía.

 

1. Para contextualizar, Magistrado, considerando que la tramitación electrónica ya es una realidad en los tribunales civiles, ¿cómo evalúa el estado actual de la gestión documental y el uso de la Oficina Judicial Virtual en el 10° Juzgado Civil de Santiago frente al volumen de ingresos diarios?

De acuerdo con la implementación de la Ley 20.886 a la tramitación de causas, especialmente las relativas a la judicatura civil, considero que la gestión documental y su uso han sido los adecuados a la expectativa que se tuvo en la implementación de este sistema, especialmente en torno al respaldo de la información contenida en cada proceso, el acceso a las plataformas para el público y usuarios; su celeridad y transparencia, lo que es esencial para fortalecer el sistema judicial.

2. Su tribunal está incorporando nuevas herramientas y flujos de optimización digital. ¿Cuál fue el principal motor o detonante para dar este paso hacia una gestión más avanzada ahora?

El tribunal, siempre dentro del margen de la Ley 20.886 y de lo instruido por la Excma. Corte Suprema, ha implementado sistemas de gestión administrativos para organizar el trabajo diario y anual, especialmente destinado a dar respuesta lo más rápida posible en relación con los procesos en tramitación, monitoreando el estado procesal de éstas y organizando las causas en torno a su complejidad, pese a las restricciones presupuestarias que han existido en el Poder Judicial de acuerdo a la actual coyuntura económica.

3. Tratándose de un tribunal civil inserto en el sistema del Poder Judicial y administrado por la CAPJ, ¿cómo ha sido el proceso para coordinar soporte técnico, recursos e innovaciones específicas a nivel local en el 10° Juzgado Civil?

En términos generales, considero que la coordinación de soporte técnico, recursos e innovaciones ha ido mejorando con el paso del tiempo, especialmente en relación con la capacidad organizacional que ha desplegado la CAPJ para innovar en medios tecnológicos, medidas de seguridad ante ataques informáticos y respaldo de la información que la Ley N° 20.886 exige respecto de la Oficina Judicial Virtual, máxime si el sistema debe resguardar la fidelidad de la tramitación de los procesos y la labor judicial, limitada solamente por asuntos presupuestarios.

4. A pesar de los años de experiencia con el sistema electrónico, ¿cuáles son los principales miedos o resistencias que aún detecta dentro del equipo de funcionarios ante la actualización constante de flujos y herramientas tecnológicas?

Existe cierta dificultad para incorporar nuevas herramientas al sistema de tramitación basadas precisamente en la fiabilidad y eficiencia de aquellas herramientas que se incorporan. Sin embargo, debo decir que cada proceso de implementación ha venido precedido de una capacitación y puesta en marcha que permite asimilar y, finalmente, incorporarlo en las destrezas de los funcionarios, todo en miras a brindar un servicio adecuado.

5. Con una alta carga de litigantes y abogados que interactúan diariamente con el tribunal, ¿cómo abordan los problemas de brecha digital o las dificultades técnicas que experimentan algunos usuarios al litigar de forma remota?

Lo primero que puedo señalar es que el tribunal implementa diversos sistemas para litigar, autorizados tanto por la ley como por la Excma. Corte Suprema, esto es, vía presencial o remota. En este último caso, el tribunal adopta siempre medidas desde el punto de vista de resguardar la bilateralidad de la audiencia y el debido proceso analizando, eventualmente, la existencia de entorpecimientos que permitan corregir el procedimiento conforme al artículo 84 del Código de Procedimiento Civil o, en su caso, analizar si existen inconvenientes para sostener la tramitación remota en el sentido de acceder o no a las comparecencias digitales, tal como previene el artículo 77 bis del mismo cuerpo legal.

6. Mirando las experiencias [1] de otros tribunales piloto o Cortes que han implementado mejoras en gestión y IA [2], ¿qué elementos de esos modelos intentarán replicar en la tramitación civil del 10° Juzgado?

Lo que actualmente nos preocupa más como tribunal es el tratamiento de la inteligencia artificial, de lo que se ha pronunciado ya la Corte Suprema en sus jornadas de reflexión de octubre pasado. En ese sentido, es esencial analizar mecanismos de control para su adecuada implementación y uso, en miras a obtener eficiencia en los resultados y, con ello, establecerlo como una herramienta que también facilite la gestión judicial.

7. Tecnológicamente hablando, ¿cuál considera que es la herramienta clave —ya sea firma avanzada, interoperabilidad, casilleros virtuales o sistemas de apoyo a la redacción— que cambiará radicalmente el día a día en su tribunal?

Yo creo que hoy es importante el sistema de apoyo a la redacción, la firma electrónica avanzada y la interoperabilidad como mecanismos que permitirán mejorar la gestión de los tribunales, cuestión que de todas formas va de la mano con la labor funcionaria y, en ese caso, deberá ir de la mano con una mejora en los recursos que se destinen para la institución, herramientas todas que deben utilizarse sin sustituir la labor intelectual del juez y velar por la transparencia del sistema.

8. Si bien la Ley de Tramitación Electrónica y las notificaciones por estado diario o correo electrónico han avanzado, ¿cómo gestiona el tribunal los problemas prácticos cuando las partes actualizan erróneamente sus domicilios o vías de contacto?

En términos generales, la forma en que se gestionan dichas contingencias es a través de los canales formales de notificación, esto es, el estado diario, siendo la regla general en materia de notificaciones judiciales en materia civil. Sin embargo, en casos excepcionales, se gestionan vías más urgentes de contacto, incluso vía telefónica, si es que se proporciona tal información, previa constancia en el proceso por el ministro de fe respectivo (secretario).

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que la información que se proporciona es de responsabilidad de los litigantes en el sentido de entregarla de manera correcta, bajo los apercibimientos legales que la propia legislación dispone en caso de no cumplirse adecuadamente con lo ordenado en ella.

9. ¿Cómo se coordina de manera más eficiente este sistema con entidades externas clave para el cumplimiento de las resoluciones civiles, como Tesorería, Conservadores de Bienes Raíces o Bancos?

Hoy en día, el sistema brinda interconexión con las entidades públicas a fin de facilitar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el tribunal, lo que hace que sea más expedito. Por su parte, en relación con los bancos e instituciones financieras, la información es entregada, en términos generales, a través de los oficios o notificaciones respectivas, sin perjuicio de utilizar correos electrónicos o, si el tribunal lo estimare pertinente, proporcionarlos por vía telefónica en casos calificados.

10. Para cerrar, Magistrado, si tuviera que proyectar al 10° Juzgado Civil de Santiago en uno o dos años más, con estas mejoras de gestión integradas, ¿cómo espera que sea la experiencia de un abogado o ciudadano que litigue en su estrado?

La verdad es que espero que el tribunal permita ofrecer a los abogados y usuarios una tramitación accesible, transparente, eficiente y que facilite la comprensión de cada persona que estamos para otorgar un servicio a todos los ciudadanos, más allá de lo que se señala como crítica al sistema. Es comprensible que los tecnicismos y requisitos legales a veces impidan entender al común de la gente nuestra labor, siendo nuestra misión acercarla a la comunidad y, por tanto, dejar la sensación de una buena experiencia cuando se litigue ante el suscrito. Tal como siempre sostengo, el poder está para servir y no servirnos de él.