Control interno y probidad
General Inspector Karina Soza: “NO estamos dispuestos a que existan nuevos fraudes en nuestras filas”
La General Inspector Karina Soza aborda los avances y desafíos de la función contralora en Carabineros de Chile, destacando la implementación del modelo de “tres líneas de control”, el fortalecimiento de la trazabilidad digital y la coordinación con la Contraloría General de la República, en un contexto marcado por exigencias crecientes de transparencia, prevención de irregularidades y recuperación de la confianza pública de cara al Centenario institucional de 2027.

Por Sofía Valentina Vergara Silva, Universidad Finis Terrae
La función contralora constituye un pilar esencial de fiscalización y control interno para la rendición de cuentas en las instituciones públicas, particularmente en aquellas que, como en Carabineros de Chile, ejercen funciones de alcance nacional e internacional, con un alto impacto en el orden y la seguridad pública, aportando de forma significativa a la confianza ciudadana.
En los últimos años, los principios de probidad, transparencia y cumplimiento normativo han adquirido una centralidad creciente en el debate público, no solo como exigencias formales, sino como estándares sustantivos de legitimidad institucional.
En este contexto, la función contralora enfrenta el desafío de superar una concepción meramente reactiva o sancionatoria para consolidarse como una herramienta estratégica de apoyo a la gestión, con capacidad preventiva y correctiva. Ello implica analizar críticamente su efectividad real, sus alcances y limitaciones, así como su incidencia en la construcción de una cultura organizacional orientada al respeto de la legalidad, la probidad y la ética institucional.
Asimismo, la creciente complejidad de los procesos administrativos y el avance de nuevas tecnologías —como la inteligencia artificial— abren oportunidades relevantes para fortalecer los mecanismos de control, pero también plantean interrogantes respecto de los riesgos de automatización, discrecionalidad y opacidad, que deben ser abordados desde una perspectiva jurídica y moral institucional.
La presente entrevista a la General Inspector Karina Soza, quien cuenta con una extensa trayectoria institucional en Carabineros de Chile es también abogada de la Universidad de Chile y logró la primera antigüedad en la Academia de Ciencias Policiales de la institución, busca profundizar en estos aspectos, examinando críticamente el rol, los desafíos y las proyecciones de la función contralora en Carabineros de Chile, así como su contribución al fortalecimiento de la transparencia, la confianza pública y el buen funcionamiento de la institución, en un escenario marcado por crecientes demandas de integridad, eficacia y legitimidad. Los frenos y contrapesos en la gestión permiten mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos financieros, así como en la ejecución de los procesos administrativos y operativos.
1. ¿En qué medida la función contralora en Carabineros de Chile ha logrado materializar efectivamente los principios de probidad y transparencia, y cuáles son las principales brechas o tensiones que aún subsisten en su aplicación práctica?
La institución se ha hecho cargo de esta temática. Dentro de varias medidas, hubo la priorización institucional de un modelo de control de tres líneas, el que detallaré más adelante.
Hubo, además, la concertación de un convenio con la Contraloría General de la República (en adelante, CGR) con el objetivo de conocer y trabajar materias sensibles y extremadamente relevantes, como el presupuesto institucional, el cual tiene una magnitud significativa al tratarse de una institución con un patrimonio fundamental para la gestión, que lo componen más de 60 mil personas. Este involucra desde el gasto de remuneraciones hasta equipamiento táctico, tecnológico, logístico, transporte, armamento, munición, entre otros. En este contexto, los procesos de compra obligan a que su ejecución presupuestaria se realice en excelente forma y fondo, ya que sus etapas conllevan revisiones y contra revisiones para su cumplimiento dentro del marco legal y la normativa institucional para su buen desarrollo. De esta manera, la autocrítica y la introspección de protocolos permiten la mejora continua, facilitan las gestiones de los actos administrativos para que lo que está determinado a realizar efectivamente se cumpla.
De esta manera lo explicado, lo ejemplificaré en el modelo de tres líneas: determinamos una primera línea de control centralizada en el mando directo; luego, una segunda línea de supervisión gestionada desde esta Contraloría, sumado a la reportabilidad de forma transversal con subcontralorías zonales para abarcar todo el territorio nacional donde se encuentra extendida nuestra institución; en este aspecto la gestión ex ante, como ex post de revisión de los procesos es el core en esta etapa; y finalmente, una tercera línea conformada por la Dirección de Autoría Interna, que se transforma en un nexo sinérgico con la CGR y todos los informes que ellos nos comunican. De esta forma, se conforman mesas de trabajo para subsanar y corregir hallazgos.
Puedo decir con certeza que en más de 35 años en la institución empezamos a ver las cosas fuera de la caja. Habiendo tenido malas y muy malas experiencias, que lamentamos profundamente, hoy cautelamos que no existan reincidencias que enloden el sacrificado y excelente trabajo de nuestros carabineros a lo largo de todo el país.
Como institución, NO estamos dispuestos a que existan nuevos fraudes en nuestras filas, en ningún nivel, en ningún grado, en ninguna forma, ya que el daño a la identidad como imagen institucional, está por sobre todo y todos. “Las personas pasan, pero las instituciones quedan” y nuestro mandato de la máxima autoridad institucional es salvaguardar la historia y el futuro ad portas del Centenario de Carabineros. Por esta razón, hechos graves como los conocidos en torno al fraude son parámetros para hacer las cosas bien y buscar la excelencia para plasmar en la realidad todas las metas propuestas en esta área de Gestión. La fe pública es un patrimonio que no estamos dispuestos a transar en ningún aspecto y lo que tengamos que hacer para que eso ocurra lo haremos sin descanso.
Entonces, dicho lo anterior, tengo la convicción de que la estrategia implementada en este modelo de las tres líneas de control es un sustantivo avance que estamos materializando y avanzando al incorporar tecnología que mejore la obtención de información y la mejora de procesos, evitando desviaciones y perjuicio en cualquier escenario.
Los errores individuales y/o las lealtades mal entendidas no pueden ni deben dar lugar a defensas corporativas. Nuestra institución no promueve ni ampara prácticas de secretismo; por el contrario, reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas oportuna y la emisión de reportes efectivos que permitan una supervisión rigurosa y de alto estándar. La credibilidad y la confianza, tanto al interior de nuestras filas como ante la ciudadanía, se construyen sobre la base del respeto irrestricto a nuestros principios éticos y morales. Cuando estos se ven vulnerados, se adoptan las medidas administrativas correspondientes y si procede, los antecedentes son puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.
Este es un principio que no estamos dispuestos a relativizar. La búsqueda de la excelencia institucional exige actuar con humildad, evitando cualquier autocomplacencia y manteniendo siempre la claridad de criterio para resguardar nuestro objetivo superior: el servicio responsable y transparente hacia la sociedad.
2. ¿Hasta qué punto la función contralora ha sido concebida como una herramienta de apoyo a la gestión institucional y no meramente como un mecanismo formal de control ex post, y qué obstáculos dificultan su integración estratégica en la toma de decisiones?
Creo que los organismos contralores tienen el estigma de ser vistos como un órgano castigador, pero nuestra mirada es transformar esta percepción para que sea reconocido como un equipo de apoyo en hacer que las cosas pasen, pero bien. Mi anhelo, liderando esta gestión, es que avancemos a un equipo de alto rendimientoque gestione que los errores se corrijan y sistemáticamente, esta práctica nos haga avanzar.
A modo de ejemplo, en determinados procesos de incautación de dineros, el cumplimiento del estándar legal de actuación “en el tiempo más próximo posible” resulta plenamente viable en contextos urbanos. Sin embargo, nuestra realidad territorial es diversa: las distancias geográficas, la ubicación en provincias o zonas fronterizas y las condiciones propias del territorio pueden incidir en los tiempos operativos. Frente a esta variable, nos planteamos cómo evitar que el factor geográfico complejizara innecesariamente el proceso o generara eventuales incumplimientos formales. En ese contexto, se avanzó coordinadamente con los departamentos de tecnologías de la información y una entidad financiera con alcance nacional, implementando ajustes operativos que, sin entrar en detalles técnicos, permitieron optimizar el procedimiento y dar certeza en el cumplimiento de los plazos legales. Si bien esta situación no derivó en una gestión correctiva de esta Contraloría, estimamos pertinente anticiparnos a cualquier eventual contingencia o hallazgo. De haberse producido demoras injustificadas o inconductas, estas habrían debido ser abordadas conforme a la normativa vigente. Precisamente por ello, optamos por una coordinación interagencial preventiva que hoy constituye una solución concreta y plenamente operativa.
Esta solución, que es parte de muchas otras, se logra escuchando en todos los niveles de la operación y entendiendo multidimensionalmente que la respuesta a procesos sólo puede tener un norte de entendimiento y resultado si todos los niveles se involucran. Con el aporte de equipos especialistas institucionales, la solución o respuesta a una fricción o posible factor de incidencia de errores o problemas se inhibe, siendo proactivos en la búsqueda de eliminación de factores proclives de faltas o delitos, evitando que estos ocurran.
En una institución de 60 mil funcionarios y con más de 20 millones de interacciones que tenemos con las personas, pueden producirse conductas individuales que se aparten de los estándares exigidos, pero lo que tenemos que hacer nosotros, es fortalecer la cadena de valor y promover la mejora continua. Para esto, nos dedicamos a trabajar e involucrar a todos, en sus diferentes puestos y funciones, lo que da una mirada multidimensional abarcando diversas áreas como las financieras, de control de gestión, de revisión de sistemas informáticos, contadores auditores, personal civil que gestiona en esta Contraloría y en acciones como brainstorming, análisis pre-mortem, brainwriting, y otros métodos que conduzcan a evitar, detectar y solucionar problemas en el ámbito de la Contraloría y de sus hallazgos, para comenzar el trabajo de corrección.
3. ¿Qué tan eficaz resulta el enfoque preventivo de la función contralora en la corrección temprana de desviaciones y en la promoción de buenas prácticas, considerando las limitaciones estructurales, culturales u operativas de la institución?
Carabineros es una institución unitaria con un componente humano de 60 mil personas, que su normativa involucra a todos desde Arica a Punta Arenas. La forma de actuar debe ser la misma transversalmente en procedimientos y acciones de policía, para lograr la uniformidad de criterio. Necesariamente debe existir orden y el cumplimiento para todos sin diferenciación alguna, ya que no podemos gestionar a través del método de ensayo y error, porque nuestros procesos involucran a todos los conciudadanos de nuestro país sin sesgo alguno. Por esta razón, desde las direcciones en Carabineros de Derechos Humanos, Educación, Tecnologías de la Información, Bienestar, Finanzas, Apoyo a las Operaciones Policiales y Compras Públicas, juntos somos equipos de apoyo a la función institucional de orden y seguridad pública.
De esta forma, las barreras en distancia para controles físicos pueden ser subsidiadas digitalmente; en este aspecto, apoyar la gestión con equipos como Asuntos Internos complementa en terreno la acción contralora.
Es de gran interés para nosotros cualquier desviación, todo mal uso de los recursos y conductas desviadas de algún carabinero, parámetros como esos y muchos otros, son lo que tratamos de ir visualizando. Para esto, abrimos canales de comunicación como lo es el fono denuncia, además, de mensajería, complementamos con una plataforma de reclamos y también información relevante de nuestro personal que ve o escucha inconductas que pueden configurar faltas administrativas como delitos, porque cuando una conducta sale a la luz o cuando un procedimiento se realiza de forma incorrecta, actuamos proactivamente, ya que el daño reputacional es tremendo y nos obliga a realizar un control de daños el cual desgasta y quita mucho tiempo de la función primordial.
Hoy es importante considerar que el periodo de formación de un suboficial de Carabineros toma dos años y el de un oficial es de cuatro años. En este aspecto, la remuneración es X y la expectativa es Y, si existen puntos de encuentro y se tiene ese umbral bajo tópicos de vocación de servicio sumado a factores de gestión de transparencia y probidad, que son los cimientos que procuran una institución sin margen de hechos fuera del marco legal, Carabineros de Chile realiza infinidad de acciones operativas de la institución que van desde lo más simple hasta lo más grave, desde procedimientos de común ocurrencia hasta estados de emergencia o catástrofe. La relación entre el trabajo que se desarrolla con la remuneración debe permitir al carabinero, independiente del grado, la satisfacción con el monto de su remuneración y tan fuerte sean sus valores, que sea incorruptible a factores como variables externas e internas.
Carabineros de Chile, como señalo, cumple las más variadas y amplias funciones que van desde la fiscalización del tránsito hasta los procedimientos en flagrancia de detención a infractores y protección de víctimas, esto debido a que muchas leyes así lo mandatan dada la amplia infraestructura y expansión por todo el territorio. Por eso, si bien cumplimos todo lo que la normativa legal nos impone, también destinamos esfuerzos en los énfasis de la criticidad que determina qué acciones tienen impacto para la sociedad; el core business es la función preventiva, permitiendo que las personas se sientan seguras.
En este contexto, la reportabilidad que se realiza mediante las reuniones STOP (Sistema Táctico Operativo Policial), las cuentas públicas donde se realiza accountability con la sociedad y autoridades, permite observar que no son pocas las ocasiones en que la institución subsidia a muchas otras en razón a su experticia, apoyo en resguardo, cantidad de personas que componen la institución, y esto se plasma, por ejemplo, desde las acciones que se realizan en un partido de fútbol, los que muchas veces atienden solo a consideraciones comerciales por sobre la seguridad. Entonces, se realizan muy tarde, con luz artificial, lo que complejiza la gestión de seguridad frente a múltiples y crecientes demandas; de ahí, entonces, que se hace necesario hacer un buen trabajo de control o supervisión en el terreno.
Es en ese punto donde se fortalece el vínculo con la comunidad, ejerciendo las funciones con empatía, pero también con estricto apego a los controles de línea, supervisión y la verificación de los procesos que se han dispuesto, procurando la corrección temprana de desviaciones y en la promoción de buenas prácticas.
4. ¿Cuál es el real impacto de la función contralora en la consolidación de una cultura organizacional de probidad y cumplimiento normativo, y en qué medida sus resultados trascienden el plano normativo para incidir en las prácticas cotidianas de la institución?
Nosotros incorporamos la función contralora rigiéndonos por un plan estratégico de desarrollo policial. Este plan tiene una dimensión de tiempo desde 2022 al 2028, trascendiendo así periodos de autoridades gubernamentales, lo que permite tener una visión transversal con un pensamiento estratégico de mediano plazo.
Hoy, dadas las actuales características de gestión y desafíos, ese parámetro debería mutar a un periodo más extenso y con revisiones en el medio tiempo que permita realizar correcciones ante desviaciones o readecuaciones por cambios sustantivos dentro del periodo planificado de desarrollo. En este contexto, hemos incluido nuevas consideraciones a la par de los tiempos y las exigencias que nos hemos impuesto, y de esta forma nace el manual de conductas indebidas, mecanismos y políticas de control, todo esto dentro de un marco legal, reglamentario y con metodologías ad hoc, todo con la finalidad de implementar probidad en las actuaciones.
Un ejemplo de ello es la regulación sobre tatuajes. La institución experimentó una disminución significativa en las postulaciones. Frente a esa realidad, fue necesario revisar y actualizar ciertos parámetros de ingreso, como los límites de edad, el requisito de estatura, la utilización de lentes ópticos y la regulación sobre tatuajes, con el objeto de no excluir a potenciales buenos postulantes por criterios que podían adecuarse a los cambios culturales y sociales actuales.
En consecuencia, toda esta nueva regulación busca equilibrar la necesaria actualización de los requisitos de ingreso con el deber institucional de resguardar la seguridad del carabinero y asegurar el debido ejercicio de la función pública.
En otros ámbitos, hemos fortalecido de manera proactiva nuestros procesos operativos y administrativos, abarcando desde el debido resguardo documental interno hasta la correcta gestión de las cadenas de custodia. El espectro es amplio y tiene como eje central la trazabilidad. Este concepto permite realizar seguimientos, controles y supervisiones integrales, facilitando la detección oportuna de eventuales desviaciones, frente a las cuales se adoptan las medidas correctivas correspondientes o, cuando procede, se efectúan las denuncias ante el Ministerio Público.
La identidad y la imagen institucional no son transables. Hemos asumido los errores del pasado y no estamos dispuestos, en ninguna circunstancia, a que se repitan. Por ello, toda medida, desde la más simple hasta la más compleja, desde lo general hasta el detalle y cualquiera sea el puesto o grado, debe ejecutarse bajo un permanente control y verificación, asegurando su cumplimiento estricto dentro del marco legal establecido por la Constitución, las leyes y los reglamentos internos.
5. Desde una perspectiva institucional y ciudadana, ¿cómo contribuye la función contralora al fortalecimiento de la transparencia y de la confianza pública en Carabineros de Chile, especialmente en contextos de crisis de legitimidad o cuestionamientos a la gestión?
Es importante precisar que tanto nuestro sistema de información pública como el sistema de lobby han sido herramientas relevantes para fortalecer la transparencia y contribuir a la confianza ciudadana. Sin embargo, hoy hemos decidido avanzar un paso más. En el mediano plazo se habilitará una plataforma que permitirá visibilizar no solo los reclamos, de los cuales nos hacemos cargo oportunamente, sino también las felicitaciones que recibe el personal de Carabineros.
Solo en el año 2025, se recepcionaron más de 5.000 felicitaciones realizadas por ciudadanos que quisieron destacar a los funcionarios policiales con quienes tuvieron interacción. No visibilizarlos hace que se entienda que la labor desarrollada forma parte natural del servicio público que prestamos a lo largo del territorio nacional. No obstante, quienes formulan estas felicitaciones lo hacen porque consideran que la actuación del funcionario superó lo estrictamente exigido por su deber, dedicando incluso su tiempo, cualidades personales y compromiso. Reconocer estas acciones no solo es un acto de justicia interna, sino también una forma de fortalecer la cultura institucional y la confianza pública, destacando aquellas conductas que van más allá de las obligaciones formales del cargo.
En muchas de estas felicitaciones se refleja una característica esencial de nuestra labor: el servicio que presta la institución no se detiene. Carabineros cumple funciones de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, todos los días del año. Festividades, feriados o fechas significativas no suspenden nuestra labor; por el contrario, suelen ser momentos en que el trabajo se intensifica y se refuerzan los servicios policiales. Nuestra función no admite pausas por inventarios, cierres administrativos ni descansos generales. La presencia institucional es permanente, cualquiera sea la circunstancia o condición y no se limita a un horario determinado. Esa continuidad y disponibilidad absoluta es, precisamente, lo que muchas veces motiva el agradecimiento ciudadano. Nos debemos al país y a su seguridad, y ello implica estar preparados para responder en todo momento. En esa misma línea, hemos impulsado instancias de capacitación constante, incluyendo el aprendizaje de otros idiomas y lengua de señas, entendiendo que la vocación de servicio exige preparación permanente. Nuestra esencia es servir sin interrupción, con profesionalismo y compromiso. Esa vocación implica niveles de exigencia que, desde otra perspectiva, podrían parecer extraordinarios; para nosotros, en cambio, forman parte natural de nuestra identidad institucional.
Volviendo a la pregunta inicial, la función contralora implica intervenir en todos los niveles del quehacer institucional. En algunos casos, ello puede significar participar en procesos que concluyen con la desvinculación de un carabinero cuando se detecta una inconducta o un delito; en otros, supone la elaboración de indicadores, ajustes normativos o el rediseño de procesos destinados a prevenir que determinadas situaciones se repitan. Estas decisiones no siempre son sencillas, pero resultan necesarias para resguardar la integridad institucional y fortalecer la credibilidad y la confianza pública.
Por eso, hoy día la información pública de la transparencia activa, de Carabineros en Cifras, permite que la sociedad conozca y quizás comprenda mucho más nuestro trabajo. Eso será lo que permita diferenciarnos positivamente, siendo un servicio público por las personas y para las personas, sin sesgo, ni estigmatización, apolíticos y permanentes.
Próximos a cumplir 100 años en 2027 y al ser una institución de carácter nacional, cuya estructura permite que una instrucción impartida sea ejecutada de manera uniforme en todo el territorio, desde Arica hasta Punta Arenas, sin dilaciones, conlleva una cohesión y un despliegue que ha sido construido a lo largo de décadas, consolidando una institución madura y respetada, con plena conciencia de que, como toda organización compuesta por personas, no está exenta de imperfecciones. Precisamente porque su principal recurso son las personas que la integran, se han impulsado y se continúan fortaleciendo todas las medidas necesarias para que la probidad, la ética y la transparencia sean coherentes y proporcionales con la fe pública hacia la institución. Las encuestas reflejan avances significativos en esta materia; sin embargo, la mejora es permanente y el compromiso es seguir construyendo, entendiendo que la confianza se sostiene día a día.
Cuando una institución asume la responsabilidad de proteger tanto al Presidente de la República como a cada habitante del país, en cualquier rincón del territorio, sea en mar, cordillera o la frontera, se evidencia la amplitud y transversalidad de su misión. Del mismo modo, la cobertura de eventos de alta relevancia, como los Juegos Panamericanos o la visita del Santo Padre, demuestra la capacidad operativa, diversidad y dinamismo de una organización compuesta por más de 60 mil integrantes. Esta magnitud da cuenta de la relevancia e impacto que cada acción institucional tiene en la vida de las personas y en la percepción del servicio público que se entrega. Por ello, las buenas prácticas, la eficiencia y la eficacia no son solo estándares deseables, sino condiciones esenciales para alcanzar la efectividad que la ciudadanía espera de la gestión institucional.
6. En términos generales, ¿cuáles son los alcances reales de la función contralora en el mejoramiento del funcionamiento de las instituciones públicas, y cuáles son sus límites frente a problemas estructurales de gestión, gobernanza o control interno?
Ha sido una experiencia extraordinaria, tanto en el fortalecimiento del área de gestión a mi cargo como, especialmente, en el aporte a la institución en su conjunto.
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, a través de los distintos informes emitidos, ha marcado hitos relevantes en materia de acciones preventivas y estándares de control en la función pública. Estos lineamientos constituyen una guía que obliga a revisar y perfeccionar permanentemente los procesos internos. En este contexto, la gestión del Alto Mando Institucional y de los oficiales superiores requiere establecer una forma común de comunicación y un alineamiento claro con las directrices que determina la máxima autoridad institucional.
Si bien representa un desafío significativo, también constituye una valiosa oportunidad: lograr que ese alineamiento en la gestión se proyecte hasta el último carabinero, asegurando coherencia, unidad de criterio y cumplimiento efectivo. De esta manera, tanto la efectividad en la correcta ejecución de los procedimientos policiales como el resguardo y protección de los Derechos Humanos adquieren especial relevancia. Ello se explica porque quien desarrolla la gestión operativa es el propio carabinero, que ha internalizado que la ética, la probidad y la transparencia forman parte esencial de su quehacer diario.
El símil con la Contraloría radica en que el enfoque de control y supervisión se encuentra claramente determinado y enmarcado dentro de la propia institución y respecto de quienes la integran. En ese sentido, la acción colaborativa no genera interferencias, sino que crea sinergias.
En la actualidad, la función contralora debe concebirse como multidimensional y polivalente, sin perder la necesaria especificidad técnica que la caracteriza. Se trata de una labor que requiere desarrollo de carrera y experiencia acumulada, en directa proporción con una sólida formación teórica del profesional que la desempeña. En ese sentido, estudios de diplomado o postgrado en derecho, gobernanza, gobierno corporativo, accountability y materias afines no solo complementan la función, sino que la fortalecen sustantivamente. Estas herramientas permiten diseñar y aplicar indicadores de gestión adecuados, facilitando la detección temprana de desviaciones o inconductas. La implementación de KPI pertinentes optimiza los procesos en curso y proporciona alertas oportunas para actuar sin dilación. En este ámbito, la espera o la tardanza solo perjudican la capacidad de descubrir, establecer o evidenciar eventuales irregularidades. De esta forma, se contribuye a mejorar la neguentropía de los sistemas institucionales, fortaleciendo la cultura organizacional y la gestión, generando valor a largo plazo. Solo mediante este enfoque preventivo y anticipatorio será posible adelantarse a nuevas formas de desviaciones, inconductas o delitos que se pudieran generar.
7. ¿En qué medida la incorporación de herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, puede potenciar efectivamente la función contralora, y qué riesgos éticos, jurídicos o institucionales debieran considerarse para evitar nuevas formas de opacidad o discrecionalidad?
Somos una institución que gestiona una importante cantidad de datos personales, considerando que toda persona que interactúa con ella ya sea en calidad de víctima, denunciante, denunciado, infractor de ley o detenido, genera un registro en los sistemas y bases de datos correspondientes. Uno de los principales desafíos actuales es garantizar la protección integral de dichos sistemas y de la información que contienen. Para ello, se han implementado estrategias específicas tanto en el ámbito físico como en el área de seguridad de la información, junto con protocolos estrictos respecto del tratamiento y resguardo de los datos. Existe plena conciencia de que el titular del dato es el titular de la información, lo que impone un deber reforzado de protección, confidencialidad y uso adecuado. Asimismo, la correcta administración de estos antecedentes es esencial para detectar inconductas o irregularidades y generar alertas, correcciones y sanciones a quienes pudieran estar involucrados. El resguardo de la información constituye, por tanto, un activo estratégico y un bien inmaterial central para la institución. Es un desafío permanente, asumido con responsabilidad y abordado como un proceso de mejora continua, que se perfecciona día a día.
Un ejemplo concreto de los cambios implementados es la incorporación de la Comisaría Virtual, una herramienta tecnológica cuya gestión durante la pandemia fue reconocida incluso con premios internacionales. Si bien, para muchos representó un gran logro y sin duda lo fue, para la institución constituyó también el punto de partida de un proceso de transformación más amplio. Actualmente, la Comisaría Virtual se encuentra en expansión, con el objetivo de que, en un futuro próximo, las personas puedan realizar diversas gestiones, incluida la interposición de denuncias desde cualquier lugar, las que serán derivadas de manera directa y oportuna a la fiscalía correspondiente. La automatización no se concibe como una disminución de personal en las comisarías; por el contrario, se entiende como una herramienta para optimizar recursos y destinar mayor dotación a la función operativa, al patrullaje permanente y al contacto directo con la ciudadanía, el cual es esencial para el cumplimiento de la misión institucional de resguardar el orden y la seguridad pública.
Se han desarrollado múltiples gestiones junto a diversos equipos institucionales orientadas al fortalecimiento del resguardo de la información, entre otros ámbitos estratégicos relevantes. Actualmente, se avanza de manera significativa en la implementación de herramientas de inteligencia artificial; sin embargo, existe plena conciencia de que ningún algoritmo reemplaza el criterio y la empatía humana, especialmente en lo relativo a la ética y al correcto uso de la información. Por ello, no solo es relevante la tecnología implementada, sino también la idoneidad de quienes la operan. En esa línea, se ha fortalecido la trazabilidad digital como principio rector. La eliminación del anonimato en el tratamiento y gestión de información, reduce significativamente el riesgo de conductas indebidas, como el acceso por interés personal, la obtención irregular de información o la eventual filtración de documentos oficiales.
Los procesos carentes de trazabilidad tienden a generar espacios propicios para desviaciones éticas; por ello, el fortalecimiento de controles tecnológicos y culturales ha sido una transformación sustantiva. Aun así, el trabajo es permanente. Se continúa avanzando bajo principios de mejora continua, junto con el mapeo constante de vectores de ataque y riesgos emergentes, entendiendo que la seguridad de la información es un desafío dinámico que exige actualización y perfeccionamiento sistemáticos.
8. Finalmente, ¿qué desafíos pendientes enfrenta la función contralora para consolidarse como un instrumento sustantivo de fortalecimiento institucional y del servicio público, más allá de su rol tradicional de fiscalización formal?
Hoy el desafío es evolucionar hacia un modelo en el que no siempre sea necesario estar físicamente en un lugar para ejercer la fiscalización. Sin embargo, el objetivo más profundo no es solo supervisar, sino lograr que las personas actúen correctamente por convicción y no únicamente porque exista alguien observando, controlando y supervisando.
Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida: en los estudios, en el trabajo, en la convivencia diaria, pero en materia de orden y seguridad pública adquiere una dimensión mayor. Cuando se ejerce una facultad tan trascendental como la posibilidad de privar de libertad a una persona, el estándar debe ser especialmente alto. Es allí donde debe ponerse el énfasis. El mayor desafío consiste en que el carabinero comprenda que la función contralora no es un obstáculo ni una sanción anticipada, sino que constituye un apoyo, una guía y una herramienta para hacer bien las cosas.
Siempre se plantea una triple pregunta frente a cada actuación: ¿es legal?, ¿es ética?, ¿es estética en su forma y percepción? Puede ocurrir que algo sea legal y esté dentro del marco normativo, pero éticamente genere dudas o, desde el punto de vista estético, transmita una señal incorrecta a la ciudadanía; en esos casos, también debe revisarse y corregirse.
Ese es el norte a seguir: que cada actuación cumpla con los estándares legales, éticos y estéticos. Cuando estos tres elementos convergen, no solo se cumple con la obligación, sino que se alcanza un sobrecumplimiento que fortalece la confianza pública. Allí radica el verdadero desafío.
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