“La ley no puede ser una adivinanza”: Martín Thomas Ayala propone criterios claros para distinguir consumo y microtráfico en la Ley 20.000

Julio Nicolás Alfaro Alfaro, Pasante Diario Constitucional

En Chile, el microtráfico de drogas se ha transformado en uno de los puntos más sensibles de la política criminal. Aunque la Ley N.º 20.000 establece categorías diferenciadas entre consumo personal, microtráfico y tráfico ilícito, lo hace sobre la base de un concepto ambiguo: las “pequeñas cantidades”. Esta expresión, sin definición legal, ha dejado a jueces y fiscales la tarea de interpretar caso a caso dónde termina el consumo y dónde comienza el microtráfico. El resultado ha sido un mosaico de criterios dispares: algunos fallos se concentran en parámetros cuantitativos gramos, dosis, pureza de la sustancia, mientras otros privilegian factores cualitativos, como el hallazgo de balanzas, envoltorios o dinero en efectivo.

La consecuencia práctica de esta indeterminación es significativa. Personas en contextos vulnerables pueden enfrentar sanciones desproporcionadas, y se tensionan principios constitucionales básicos como la taxatividad, la proporcionalidad de las penas, la igualdad ante la ley y la certeza jurídica. Lo que en teoría debía ser un mecanismo para atacar redes menores de distribución, en la práctica ha sobrecargado al sistema penal con causas de baja lesividad, muchas veces alejadas del gran narcotráfico.