Proyecto de ley No. 15.805-07, sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas
CIDH y ONU Derechos Humanos: El Legislativo chileno debe respetar las normas de derechos humanos en materia de seguridad.
Ambas entidades comparten preocupaciones respecto a la tramitación, en el Congreso chileno, de iniciativas que podrían reducir la rendición de cuentas y favorecer la impunidad de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley.

La labor legislativa en Chile debe respetar las normas internacionales de derechos humanos en materia de seguridad, recuerdan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos). Ambas entidades comparten preocupaciones respecto a la tramitación, en el Congreso chileno, de iniciativas que podrían reducir la rendición de cuentas y favorecer la impunidad de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley.
El 3 de mayo de 2024, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en primer trámite legislativo el proyecto de ley No. 15.805-07, sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas y fue enviado al Senado para discusión.
La Comisión destaca que es una obligación de los estados garantizar la seguridad pública, y valora que el proyecto incorpore los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad, racionalidad y rendición de cuentas. Sin embargo, como parte del proceso en curso de la tramitación, el que aún está abierto a nuevas modificaciones, preocupa que se haya eliminado el principio de proporcionalidad (según el cual el nivel de fuerza utilizado debe guardar estricta relación con la gravedad de la amenaza o delito y el objetivo legítimo de orden público o de aplicación de ley que se persigue), y que se incluya una disposición (artículo 15) que establece nuevas presunciones para eximir de responsabilidad criminal a las personas funcionarias responsables de hacer cumplir la ley.
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