CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política. El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho.

El 17 de octubre de 2023, el gobierno de Venezuela y la oposición firmaron el «Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos» que establecía el compromiso de llevar a cabo elecciones presidenciales pacíficas con observación internacional. Sin embargo, en el período preelectoral, el régimen intensificó prácticas autoritarias para obstruir la participación política mediante un patrón de coerción destinado a desmovilizar a la oposición y a sus posibles simpatizantes. En otras medidas, se impidió la inscripción de candidaturas opositoras, como las de María Corina Machado y Corina Yoris. Asimismo, el Estado impuso barreras al voto en el extranjero, y negó la acreditación e ingreso al país de la mayoría de las misiones independientes de observación internacional. Además, intensificó la persecución política, hostigamiento y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores, activistas y periodistas. En ese contexto, Nicolás Maduro advirtió un «baño de sangre y una guerra civil en el país» si la oposición lograba una victoria electoral. Este anuncio tuvo el objetivo de infundir terror en la población y generar un efecto paralizador de la participación ciudadana en el proceso.

El 28 de julio de 2024 se realizaron las elecciones presidenciales con una mayor participación que en elecciones previas, tanto de votantes como de personas voluntarias que actuaron como testigos de mesa y observadoras. Después del cierre de las mesas, surgieron denuncias sobre graves irregularidades en la transmisión de las actas electorales para la verificación y el conteo de votos, así como sobre la falta de transparencia y otros obstáculos en el proceso de auditoría ciudadana. Estas denuncias se intensificaron tras la conferencia de prensa del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien, de manera unilateral, declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, sin proporcionar la totalidad de las actas de votación o datos estadísticos desglosados, como exige la ley electoral venezolana.