Comunidades indígenas pueden optar al beneficio de gastos anticipados para solventar los gastos legales de sus demandas.

La Corte Suprema de Canadá acogió parcialmente el recurso de apelación deducido por una comunidad indígena que solicitó fondos para continuar sus demandas legales contra las industrias del gas y el petróleo, debido a su estado de insolvencia, al considerar que puede acogerse al beneficio estatal de gastos anticipados, por lo que ordenó una nueva valoración de los antecedentes del caso.

El caso versa sobre una demanda realizada por una tribu indígena de Alberta (Canadá), que exigió a las autoridades una compensación por los daños que la industria de hidrocarburos causó a su entorno. A raíz de ello han tenido que desembolsar unos $3 millones de dólares en honorarios a abogados, de un total de $5 millones. Debido a lo anterior, solicitaron judicialmente autorización para acogerse al beneficio de gastos anticipados y así contar con fondos suficientes para proseguir su causa judicial y pagar los $2 millones restantes.

El juez a quo acogió su solicitud, y ordenó al Estado y a la provincia de Alberta constituir un fondo de $300.000 dólares anuales para sufragar los gastos del procedimiento, hasta cubrir el monto total. No obstante, el fallo fue revocado en segunda instancia, pues el tribunal de apelación estimó que la comunidad indígena no acreditó debidamente que no pudiera solventar sus gastos legales, ni tampoco su estado de indigencia, necesario para optar al beneficio.