Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que Chile es responsable internacionalmente por coartar la libertad de pensamiento y expresión del Juez Daniel Urrutia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable internacionalmente al Estado de Chile principalmente por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, establecido en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. De igual manera, consideró conculcados los derechos a las garantías judiciales del artículo 8.1, 8.2.b y 8.2.c de la Convención, y al principio de legalidad del artículo 9, en relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos, establecida en el artículo 1.1 y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno del artículo 2), del Juez Daniel David Urrutia Laubreaux.

El caso dice relación con que, en el año 2004, la Corte Suprema autorizó al Juez Urrutia, el que en ese momento era Juez de Garantía de Coquimbo, a asistir al “Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización”. A fines del mismo año, el magistrado informó a la Corte Suprema que hacía aprobado el diplomado, remitiendo el trabajo final en que proponía que el Poder Judicial de Chile debía adoptar determinadas medidas de reparación por la responsabilidad que dicha institución habría tenido en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet.

La Corte Suprema remitió el trabajo presentado al órgano competente para sancionarlo disciplinariamente y se le devolvió el trabajo académico, informándole que este contenía “apreciaciones inadecuadas e inaceptables” para la Corte, por lo que el año siguiente, la Corte de Apelaciones de La Serena decidió sancionar al magistrado con una medida disciplinaria de “censura por escrito”. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó la resolución impugnada, pero reduciendo la condena a una “amonestación privada”.