Corte Suprema de Colombia advierte sobre aplicación engañosa de jurisdicción indígena frente a solicitudes de extradición.

La Corte Suprema de Colombia autorizó la extradición de un ciudadano requerido por tráfico de narcóticos en estados Unidos, pese a que la defensa del acusado se opuso alegando la existencia previa de una condena decretada por la jurisdicción indígena.

El Ministerio Público sostuvo, ante la Corte Suprema, que la solicitud cumple con los requisitos exigidos para autorizar la extradición del acusado, luego de que fuera materializada la detención y formalizada la solicitud de extradición del gobierno norteamericano ante la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia de Colombia.

Por su parte, la defensa del imputado solicitó a la Corte rechazar el requerimiento de extradición, por cuanto se incumplió el presupuesto de «doble conformidad». Para tal efecto, sostuvo que se satisfacen los condicionamientos para el reconocimiento del fuero indígena, ya que el acusado es miembro de la Comunidad de Portete, las conductas delictivas desplegadas por aquel se perfeccionaron en el territorio de la Alta Guajira, se siguió un proceso con poder de coerción por parte de la autoridad tradicional y las conductas atribuidas encajan en un concepto genérico de nocividad social. En razón de ello, la defensa aseguró que existe identidad procesal entre la solicitud de extradición presentada por el Gobierno estadounidense y el proceso que se cursó en el referido pueblo ancestral, por lo que de conceder la extradición se vulneraría el principio non bis in ídem y la existencia de cosa juzgada, ya que existe una sentencia que condenó las conductas perseguidas por el gobierno de Estados Unidos.