Vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
Declaración de confidencialidad de la información pública solo puede ser decretada por las entidades facultadas para ello y en los casos previstos en la ley, resuelve la Corte Constitucional de Ecuador.
El derecho a la seguridad jurídica permite a las personas contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente, que les brinda una noción razonable de las reglas que le serán aplicadas.
La Corte Constitucional de Ecuador acogió la acción extraordinaria de protección deducida por un ciudadano que solicitó información pública a una entidad municipal, revocando así el fallo de instancia que denegó su acceso.
El recurrente interpuso una demanda contra un municipio por su negativa, injustificada y arbitraria, a entregar información pública sobre un proceso de contratación.
Si bien fue acogida por el fallo de primera instancia, posteriormente fue revocada la decisión por sentencia del tribunal ad quem, que estimó“(…) que el proceso de contratación por parte del municipio, por su naturaleza y característica, está dentro de la excepción prevista en la normas atinentes, esto es, cumple con los requisitos o condicionamientos para la procedencia del carácter de confidencialidad o reserva”.
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