Corte IDH.
Ecuador es responsable por violar el derecho a la libertad de expresión de un miembro de las fuerzas armadas ante una denuncia de presuntos hechos de corrupción.
Violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de su detención. Además, estableció que se violó a Viteri el derecho a la estabilidad laboral y concluyó que a su familia se le violaron diversos derechos.

En el Caso Viteri Ungaretti y otros Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia que declaró que el Estado del Ecuador es responsable internacionalmente por las sanciones impuestas a Julio Rogelio Viteri Ungaretti como consecuencia de las denuncias que hizo de los presuntos hechos de corrupción ocurridos en las Fuerzas Armadas, y concluyó que el Estado violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de su detención. Además, estableció que se violó a Viteri el derecho a la estabilidad laboral y concluyó que a su familia se le violaron diversos derechos.
Los hechos del caso se remontan al año 2000 cuando Julio Rogelio Viteri Ungaretti se desempeñaba como Agregado Naval y de Defensa ante el Reino Unido, así como Representante Permanente de Ecuador ante la Organización Marítima Internacional y ante el Consejo de Gobernadores de la Universidad Marítima Mundial en Malmoe-Suecia, cuando denunció presuntos hechos de corrupción en las Fuerzas Armadas y, como consecuencia, recibió diferentes sanciones.
La Corte analizó en su fallo los impactos de la corrupción en la democracia y los derechos humanos. Luego, en consideración de los impactos negativos de la corrupción, resaltó la importancia de que los Estados tomen medidas para crear un entorno seguro y propicio para la sociedad civil, denunciantes de irregularidades, testigos, activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, fiscales, abogados y jueces, con el fin de proteger a estas personas de toda amenaza derivada de sus actividades de prevención y lucha contra la corrupción.
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