Ecuador vulneró la independencia judicial y afectó la garantía del debido proceso al negar a un funcionario destituido la posibilidad de impugnar su desvinculación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por vulnerar los derechos de un hombre que fue destituido arbitrariamente de su cargo y que no se le confirió la oportunidad de impugnar eficazmente su cese. Deberá cumplir una serie de medidas de reparación.

La víctima fue destituida de su cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) junto a otras personas, en virtud de la Resolución 25-160 del Congreso que decretó el cese de sus funciones y el nombramiento de nuevos funcionarios en plena pugna política entre los poderes estatales. En este contexto, el Tribunal Constitucional, ahora conformado por nuevos vocales, emitió una orden a los tribunales de instancia para que se abstuvieran de someter a trámite los recursos de amparo deducidos contra la resolución. Se decisión se tomó como respuesta a una solicitud del presidente de Ecuador.

Tras agotar la vía nacional, la víctima sometió el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estimar que su destitución se llevó a cabo a través de un mecanismo ad hoc no previsto en la normativa de su país, que vulneró sus derechos. La CIDH remitió el asunto a la Corte IDH en la respectiva oportunidad procesal tras constatar que el Estado contravino una serie de derechos y principios, tales como el derecho a contar con una autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos, el principio de legalidad y el principio de independencia judicial.