Especialmente si existe abuso de poder y mala fe.
El Estado incurre en responsabilidad por promulgar leyes inconstitucionales, resuelve la Corte Suprema de Canadá.
Una inmunidad absoluta no logra conciliar adecuadamente los principios constitucionales que protegen la autonomía legislativa, como la soberanía parlamentaria y el privilegio parlamentario, y los principios que exigen que el gobierno rinda cuentas por infringir los derechos de la Carta, como la supremacía constitucional y el estado de derecho.
La Corte Suprema de Canadá desestimó el recurso del Fiscal General en un caso conocido en sede penal, confirmando así que el Estado puede ser demandado por daños y perjuicios por promulgar leyes manifiestamente inconstitucionales. Dictaminó que la inmunidad del Estado es limitada y no absoluta, por lo que puede ser demandado por los daños y perjuicios causados por una legislación inconstitucional.
El caso versa sobre un hombre que fue condenado por un delito en 1996. Posteriormente, en 2013, solicitó una suspensión de antecedentes penales, requerimiento que fue rechazado debido a modificaciones legislativas realizadas en 2010 y 2012, que restringieron permanentemente esta posibilidad. Estos cambios luego fueron declarados inconstitucionales, y el Fiscal General admitió que violaban la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Por este motivo, el hombre solicitó una indemnización por daños y perjuicios al tenor del artículo 24(1) de la Carta.
Su pretensión fue acogida en segunda instancia, al estimar los tribunales que el Estado podía ser responsable por daños derivados de una legislación inconstitucional. El Fiscal apeló esta sentencia ante la Corte Suprema, planteando si era posible que el Estado pudiera ser obligado a indemnizar por legislar y aprobar normas inconstitucionales.
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