Estados demócratas de EE.UU. demandan al gobierno federal por suspensión de fondos para apoyar a migrantes víctimas de violencia

La Fiscalía General de Nueva York, en conjunto con 20 estados de mayoría demócrata, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). El litigio cuestiona una nueva directriz federal que restringe el uso de fondos en servicios legales y de apoyo a personas sobrevivientes de violencia doméstica que no puedan acreditar su estatus migratorio.

Según los documentos judiciales, el 18 de agosto las autoridades estatales recibieron una notificación preliminar sobre cambios en la Guía financiera de subvenciones del DOJ. Posteriormente, el 15 de septiembre, los estados fueron informados de una actualización que establece que, salvo excepciones específicas, no se podrán destinar fondos federales para cubrir costos de servicios legales prestados a extranjeros removibles o presentes de manera irregular en el país, de acuerdo con la definición establecida en el Código de Inmigración (8 USC § 1229a(e)(2)).

Entre los programas afectados por la medida se encuentra la Ley de Víctimas del Delito (VOCA), que ofrece múltiples servicios a personas afectadas por delitos, como apoyo psicológico, acompañamiento en procesos judiciales, exámenes médicos forenses, servicios de reubicación y asistencia legal. Asimismo, el programa incluye subvenciones destinadas a compensar gastos médicos, costos de limpieza de escenas del crimen y otros servicios relacionados.