Informe de Amnistía Internacional evacuado a partir de visitas y entrevistas no puede ser equiparado a las pruebas generadas y filtradas en un proceso penal en que rige el principio de contradicción y el derecho de defensa.

El Tribunal Supremo de España desestimó un recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 24 años y medio de prisión a una miembro de una organización terrorista (ETA) por el delito de estragos terroristas.

La recurrente alegó que se falló vulnerando la tutela judicial efectiva, ya que no solo fue detenida bajo un régimen de incomunicación, respecto del cual no pudo disponer de un letrado de su confianza, sino que además con ocasión de torturas y malos tratos ejercidas por agentes policiales, la obligaron a declarar en su contra dos veces en el recinto policial en el que se encontraba, por lo que dicha prueba es ilegal, más aún si las torturas fueron acreditadas por Amnistía Internacional y por el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa.

El máximo Tribunal advierte que “(…) la tortura encierra una contradicción insalvable con los fundamentos de cualquier sociedad democrática y, por consiguiente, la necesidad de una investigación exhaustiva que esclarezca la realidad de cualquier denuncia de malos tratos policiales es una exigencia que define el estándar de calidad de un Estado de Derecho. “