Es ultra vires.
Ley que establece un proceso de evaluación de impacto ambiental para proyectos financiados por autoridades federales es en gran medida inconstitucional, resuelve la Corte Suprema de Canadá.
El esquema de proyectos trata a todos los “proyectos designados” de la misma manera, independientemente de si el Parlamento tiene una jurisdicción amplia sobre la actividad en sí o una jurisdicción más estrecha sobre los impactos de la actividad en los jefes de poder federales. Además, muchas de las actividades físicas a las que se aplica el plan están reguladas principalmente a través de los poderes de las legislaturas provinciales.
La Corte Suprema de Canadá dictaminó que la Ley de Evaluación de Impacto (IAA por sus siglas en inglés), promulgada por el Parlamento federal en 2019, es en gran medida inconstitucional, por invadir las competencias de las autoridades provinciales.
La normativa establece un proceso de evaluación de impacto ambiental para proyectos realizados o financiados por autoridades federales en tierras federales o fuera de Canadá. Requiere que la autoridad federal, en tales casos, decida si es probable que el proyecto cause efectos ambientales adversos significativos. En caso afirmativo, deberá determinarse si estos efectos están justificados en las circunstancias.
Según los hechos narrados, el vicegobernador de Alberta (Canadá) solicitó a la corte de apelaciones de la provincia que emitiera un pronunciamiento para evaluar la constitucionalidad de la IAA, en el marco de su facultad para pedir opiniones legales a los tribunales sobre cuestiones de derecho.
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