Condena vulneró su libertad de expresión.
Portugal debe indemnizar a académico condenado por involucrar a un político y a un estudio jurídico en una trama de corrupción, resuelve el TEDH.
Los tribunales nacionales no equilibraron los derechos en juego de conformidad con la jurisprudencia del TEDH. La injerencia en los derechos del actor no estaba respaldada por razones pertinentes y suficientes, y se había dado un peso desproporcionado a la reputación del político y el bufete. Por lo tanto, los tribunales nacionales excedieron su discrecionalidad (“margen de apreciación”), en violación del artículo 10 del Convenio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda deducida contra Portugal por la condena impuesta a un académico que insinuó, ante los medios de comunicación, la existencia de un caso de corrupción que involucraba a un eurodiputado y a un estudio jurídico. Constató una vulneración del artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Un destacado economista y profesor universitario se vio envuelto en una disputa legal después de realizar comentarios críticos durante un debate televisivo sobre un memorando de entendimiento redactado por un bufete de abogados, implicando a un miembro del Parlamento Europeo y su presunta influencia política en la paralización de la construcción del ala pediátrica de un hospital público. Tanto el bufete de abogados como el político presentaron cargos por difamación y ofensa contra el académico.
En primera instancia se dictó una condena en su contra por ofender a la entidad jurídica. Por otro lado, fue absuelto de los cargos de difamación incoados por el político. Posteriormente, el tribunal ad quem lo condenó por ambos delitos. Este fallo fue confirmado en todas las instancias, por lo que tuvo que pagar cuantiosas multas e indemnizaciones a los demandantes. Posteriormente, el hombre demandó al Estado en estrados del TEDH.
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