Sanción de universidad a estudiante que habría fabricado explosivos para utilizarlos en una marcha no se ajustó a derecho, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida por un estudiante que fue sancionado disciplinariamente por su universidad tras ser imputado penalmente por la presunta comisión de delitos. Amparó su derecho fundamental al debido proceso a causa de las imprecisiones acusatorias del comité disciplinario de la casa de estudios.

Durante un allanamiento en el domicilio del accionante, un estudiante de sicología, la policía encontró explosivos por lo que fue formalizado por el delito de fabricación y porte de elementos prohibidos. Por ello, su universidad inició un procedimiento disciplinario en su contra, en el que se resolvió cancelar su matrícula por el resto del periodo académico. El estudiante estimó vulnerados sus derechos a causa de esta decisión, razón por el cual interpuso una acción de tutela contra la universidad.

Acusó a la casa de estudios de violar su presunción de inocencia por reputarlo culpable de un delito sin existir sentencia firme y de no permitirle efectuar sus descargos. Si bien el juez a quo amparó transitoriamente sus derechos, su decisión fue revocada en segunda instancia por el tribunal al considerar que se había incumplido el requisito de subsidiariedad. Tras este fallo el estudiante accionó en sede constitucional.