Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Ucrania por vulnerar la independencia del poder judicial.

El caso dice relación con los jueces del antiguo Tribunal Supremo de Ucrania que se vieron impedidos de ejercer sus funciones, sin haber sido nunca destituidos formalmente, debido a la reforma judicial y a las modificaciones legislativas que tuvieron lugar en 2016. De conformidad con estas, se disolvió el Tribunal Supremo en el año 2017, y se le reemplazo por otro órgano jurisdiccional, en el que los puestos de juez se cubrieron mediante concurso.

En el año 2020 el Tribunal Constitucional de Ucrania determinó que en vista del principio de inamovilidad, los jueces del antiguo Tribunal Supremo debían seguir desempeñando sus funciones como jueces del nuevo Tribunal. Hasta la fecha, los demandantes no han sido reintegrados en sus funciones.

Los demandantes denunciaron una vulneración del artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) del CEDH, en cuanto no pudieron impugnar la decisión legislativa que terminó con su destitución del cargo. Por otra parte, adujeron una violación del artículo 8 (derecho a la vida privada).