Un análisis crítico de la ley 32107: ¿Un avance hacia la reconciliación o un retroceso en los derechos humanos?, por por Rosmery Pinares y Daniela Mondragón.

1. Contexto:

En una situación política controversial como la que estamos viviendo actualmente en el Perú, en donde pareciera que los congresistas están al mando. Este 9 de agosto de 2024, el Congreso de la República sacudió el país con la promulgación de la Ley 32107, la cual redefine los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú, conllevando consigo efectos inquietantes para la justicia y la memoria histórica de las víctimas. Ahora bien, la polémica en torno a esta ley no sólo resalta las tensiones internas en la política peruana, sino también subraya la compleja relación entre el Estado y la sociedad con respecto a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno.

Es así que, retrocediendo un poco en el tiempo, el Proyecto de Ley 6951-2023-CR[1] fue presentado por el Congreso hace ya más de un año, específicamente el 1 de febrero de 2023, y avanzó rápidamente, con una primera votación aprobada el 6 de junio de 2024 y una segunda votación menos de un mes después, precisamente se dió el 4 de julio de 2024. A simple vista, debido a la velocidad en la tramitación de la ley parecía que existiera un claro consenso en la sociedad; sin embargo, la realidad es mucho más complicada.