Reclamo de ilegalidad rechazado.
Administradoras de fondos son responsables de informar no sólo los montos de dinero aportados por sus clientes, sino también el origen de los mismos.
El deber de información es fundamental para prevenir delitos, como el lavado de activos y el financiamiento a grupos terroristas.
La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que desestimó el reclamo de ilegalidad deducido por Santander Asset Management (SAM) en contra de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El reclamo de ilegalidad recayó sobre las resoluciones exentas dictadas por la UAF, por las que impuso al actor la sanción penas de amonestación escrita y multa de UF 360.
Expone que los cargos formulados fueron incumplimiento en la obligación de requerir y registrar la información de clientes, respecto de operaciones que superan los 1.000 dólares; no aplicar medidas de debida diligencia para mitigar el posible riesgo de que el cliente sea una persona políticamente expuesta; no contar con proceso de verificación de las relaciones que los clientes pudieran tener con grupos terroristas; y, no actualizar los cambios legales de los sujetos obligados, al no informar una renovación de poderes y el nombramiento de un nuevo gerente general de uno de sus clientes.
Te puede interesar
Norma cuenta con discusión inmediata.
Regulación de Fintech: senadores exploran modelos que apunten a minimizar riesgos.
IPOM de diciembre.
Bajo crecimiento, alta inflación y expectativas: los temas que preocupan a senadores.
Recurso de casación en el fondo rechazado.
Aprovecharse de la reputación ajena es una práctica contraria a la libre competencia.
