Condenan a 10 años de cárcel a autor de homicidio con fuegos artificiales en manifestación

Las declaraciones de médicos del Servicio Médico Legal, del SAMU y de la ex Posta Central acreditaron la gravedad y naturaleza de la lesión cervical que causó la muerte de la víctima. De igual modo, médicos del Hospital de Carabineros confirmaron las lesiones leves sufridas por los funcionarios policiales.

El contexto de los hechos fue corroborado por los propios carabineros lesionados y por otros funcionarios que cumplían labores de orden público durante la manifestación, así como por el hijo de la víctima, quien relató cómo su madre se acercó pacíficamente, con las manos en alto, a dialogar con Carabineros, momento en que fue impactada por el fuego artificial. Este relato fue respaldado por múltiples registros audiovisuales provenientes de cámaras corporales policiales, cámaras municipales, drones, grabaciones de edificios cercanos y registros aportados por participantes de la marcha y organizaciones de derechos humanos, los que permitieron reconstruir de manera precisa la dinámica del ataque.

Peritos especializados de la PDI determinaron que el objeto utilizado correspondía a una fogueta o bengala de mano, artefacto pirotécnico de uso prohibido para particulares, cuyas características, residuos químicos y funcionamiento fueron compatibles con los daños observados en el cuerpo y vestimentas de la víctima.

El tribunal concluyó que la prueba rendida fue suficiente para acreditar todos los elementos del delito de homicidio simple y del delito de porte y uso ilegal de pirotecnia, descartando, en cambio, la calificación de homicidio frustrado respecto de los carabineros, encuadrando esas conductas como maltrato de obra a carabineros causando lesiones leves.

En la calificación jurídica de los hechos establecidos, el tribunal sostuvo que, conforme a la valoración integral de la prueba rendida en juicio y respetando los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, se acreditó más allá de toda duda razonable la existencia de un delito consumado de homicidio simple; dos delitos consumados de maltrato de obra a carabineros en ejercicio de sus funciones causando lesiones leves; y un delito consumado de accionar, activar o disparar fuegos artificiales u otros elementos afines.

El tribunal sostuvo que, aunque objetivamente la conducta era idónea para causar daños físicos e incluso la muerte, resultaba indispensable analizar si el hechor actuó con dolo o con culpa. Concluyó que el acusado actuó con dolo eventual tanto respecto de la muerte de la víctima como de las lesiones causadas a los funcionarios policiales, al haber utilizado conscientemente un artefacto pirotécnico de alto poder de fuego como si se tratara de un arma, dirigiéndolo directamente, desde una distancia aproximada de 34,94 metros, hacia el lugar donde se encontraban las víctimas, en un contexto en que estas se hallaban desprevenidas debido al diálogo pacífico que se desarrollaba para permitir el avance de la marcha.

El tribunal razonó que el acusado se representó como altamente probable la producción de daños físicos graves, incluido un resultado mortal, y aceptó o toleró esa posibilidad. Citando doctrina penal, explicó que el dolo eventual concurre cuando el autor, aun sin perseguir directamente el resultado típico, lo asume como una consecuencia posible de su acción.

No obstante lo anterior, los jueces estimaron que, respecto de los funcionarios de Carabineros, no concurría el dolo eventual de matar, atendido que estos portaban implementos de protección, lo que reducía la probabilidad de un resultado letal. Por ello, calificaron esos hechos como maltrato de obra a carabineros con resultado de lesiones leves, diferenciándolos de la situación de la víctima civil, que se encontraba desprovista de protección, circunstancia conocida por el hechor.

El tribunal también descartó la concurrencia de las circunstancias calificantes de premeditación conocida y alevosía alegadas por la querella. Señaló que estas requieren una planificación previa, reflexión serena y un despliegue de acciones orientadas a asegurar deliberadamente el resultado mortal, lo que no se acreditó en el juicio. A juicio de los sentenciadores, los antecedentes probados demostraron aceptación del resultado posible, pero no una voluntad directa de matar ni una planificación destinada a asegurar ese desenlace.

En cuanto al delito de accionar, activar o disparar fuegos artificiales, el tribunal sostuvo que la prueba fue categórica en establecer que el acusado portó, manipuló y accionó al menos dos foguetas, una de las cuales causó la muerte de la víctima y lesiones a carabineros, y otra que fue disparada posteriormente contra personal policial. En este ilícito, concluyó que el acusado actuó con dolo directo, al existir conocimiento y voluntad clara de realizar una conducta peligrosa, tratándose de un delito de peligro y de mera actividad que se consumó con la sola ejecución del acto.

Vea sentencia del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago RIT Nº 133-2025.