Corrupción en licitación de alumbrado público
Condenan a abogado municipal de Iquique por exigir dinero para aprobar millonaria licitación de luminarias LED
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó al acusado, quien se desempeñaba como abogado del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique, a 400 días de presidio como autor del delito de cohecho, cometido en el contexto de una licitación pública para el recambio de…

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó al acusado, quien se desempeñaba como abogado del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique, a 400 días de presidio como autor del delito de cohecho, cometido en el contexto de una licitación pública para el recambio de luminarias por tecnología LED. El tribunal estableció que el condenado solicitó un beneficio económico a un representante de la empresa adjudicataria, aprovechando su intervención en la revisión de los antecedentes administrativos del proyecto.
En fallo unánime, el tribunal también impuso la pena de dos años y un día de suspensión de cargo u oficio público y profesión titular. Sin embargo, determinó que la sanción privativa de libertad se tendrá por cumplida, considerando el tiempo durante el cual el condenado permaneció sujeto a medidas cautelares privativas o restrictivas de libertad.
Los hechos se relacionan con una licitación tramitada por la Municipalidad de Iquique, financiada con recursos del Gobierno Regional, destinada a reemplazar el sistema de alumbrado público por luminarias LED.
Durante 2018, el proyecto fue adjudicado a la empresa ITELECOM, previa aprobación del Concejo Municipal mediante una votación favorable realizada el 14 de septiembre de ese año. La contratación, por un monto superior a $6.500 millones, se formalizó en octubre de 2018.
Según los hechos acreditados por el tribunal, en septiembre de ese año el acusado se desempeñaba como abogado del Departamento de Control municipal, unidad encargada de revisar y visar previamente los actos administrativos relacionados con la adjudicación.
En ese contexto, actuando de acuerdo con otro sujeto, el funcionario tomó contacto telefónico con un individuo vinculado a ITELECOM, y le solicitó un beneficio económico.
El tribunal estableció que el condenado aprovechó que los antecedentes de la adjudicación se encontraban en su oficina y dio a entender al representante de la empresa que la aprobación del procedimiento dependía del pago solicitado.
Estos hechos fueron considerados suficientes para acreditar, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad como autor del delito de cohecho.
No obstante, el tribunal resolvió absolver al imputado de la acusación formulada por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de fraude al Fisco.
Para determinar la sanción, los jueces reconocieron dos circunstancias atenuantes: la irreprochable conducta anterior del condenado y su colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. No se establecieron circunstancias agravantes.
En aplicación del artículo 67 del Código Penal, el tribunal rebajó en un grado la pena privativa de libertad, situándola en el tramo de reclusión menor en su grado mínimo, y fijó su duración en 400 días.
Respecto de la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos contemplada en el artículo 248 bis del Código Penal, los sentenciadores también aplicaron una rebaja de un grado debido a las atenuantes reconocidas.
De esta manera, impusieron la suspensión de cargo u oficio público y profesión titular en su grado máximo, fijándola en dos años y un día, correspondiente al mínimo de ese grado.
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