Conductor que alertaba sobre controles policiales es autor y no cómplice del tráfico de más de 70 kilos de marihuana

Al analizar los recursos, la Corte Suprema recordó que toda sentencia penal debe explicar las razones que justifican su decisión, establecer los hechos acreditados y señalar cómo fueron valoradas las pruebas. Esa fundamentación permite comprender el fallo y controlar que la decisión sea producto de un análisis racional y no de una actuación arbitraria. El tribunal debe considerar toda la prueba rendida, incluida aquella que decide descartar.

En este caso, el máximo tribunal concluyó que las defensas buscaban principalmente sustituir los hechos establecidos en el juicio por una interpretación diferente de las pruebas. Sin embargo, no explicaron concretamente de qué manera se habría vulnerado el principio de razón suficiente, sino que propusieron conclusiones distintas de aquellas alcanzadas por el tribunal oral.

La Corte constató que la sentencia condenatoria sí explicó la existencia del delito y la participación de los acusados. Para ello, consideró las declaraciones de los funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento, antecedentes gráficos e informes periciales que permitieron establecer la posesión y el transporte de la droga. Respecto de la participación, el tribunal oral estableció que existió coordinación previa entre los acusados, quienes desempeñaban funciones específicas para concretar el traslado, y detectó contradicciones entre sus declaraciones y las demás pruebas, razón por la cual descartó sus versiones.

La Corte Suprema también rechazó el argumento de que uno de los acusados debía responder únicamente como cómplice. Explicó que los hechos establecidos en el juicio demostraron que los involucrados viajaban coordinadamente para asegurar el transporte de la droga y que el recurrente conducía el vehículo que iba adelante, cumpliendo funciones de vigilancia y resguardo. Por ello, estimó que su intervención formaba parte de la ejecución conjunta del tráfico y no constituía una colaboración secundaria o accesoria.

En cuanto a la información reservada mencionada durante el juicio, el máximo tribunal constató que los funcionarios policiales no revelaron su contenido. Solo señalaron que la información entregada por uno de los acusados había resultado efectiva y permitió detener a otras personas en Vallenar y La Serena, lugares donde se entregaría la droga. Esa información reservada no fue utilizada para establecer el delito ni la participación de los recurrentes, por lo que la Corte descartó que hubiera afectado sus derechos o tenido influencia en la condena.

Respecto del cuestionamiento a la imparcialidad del tribunal, la Corte recordó que los jueces pueden formular preguntas a testigos y peritos para aclarar aspectos que no hayan quedado suficientemente claros durante los interrogatorios realizados por las partes. Esta facultad no les permite producir nuevas pruebas, sino únicamente despejar dudas surgidas de información que ya fue incorporada al juicio.

Al revisar las preguntas cuestionadas, concluyó que el juez se limitó a solicitar al funcionario policial que aclarara aspectos de su declaración y no avanzó más allá de los puntos que habían quedado dudosos. Agregó que la defensa tampoco explicó qué información decisiva habría sido incorporada exclusivamente mediante esas preguntas ni de qué forma habría influido en la condena.

Finalmente, la Corte Suprema rechazó el argumento relativo a la atenuante de colaboración sustancial. El tribunal oral había establecido que las declaraciones de los acusados no aportaron información efectiva para esclarecer los hechos, pues negaron conocer el transporte de la droga y presentaron versiones que fueron consideradas poco creíbles. La entrega de sus teléfonos celulares y claves tampoco fue considerada suficiente para reconocer esa circunstancia atenuante.

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales invocadas por las defensas, la Corte Suprema rechazó los tres recursos de nulidad y mantuvo tanto el juicio oral como la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº40.888-2026.