Corte Suprema avala negativa a invalidar carta del Ministerio del Medio Ambiente

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que desestimó una reclamación presentada por una empresa contra el Ministerio del Medio Ambiente, a raíz de la negativa a invalidar una carta emitida por la Subsecretaría de dicha cartera. El máximo Tribunal estableció que no toda comunicación constituye un acto administrativo, pues las opiniones emitidas por organismos públicos que carecen de efectos jurídicos obligatorios no pueden ser objeto del procedimiento de invalidación contemplado en la legislación administrativa.

La recurrente sostuvo que la sentencia vulneró el principio de juridicidad al considerar que la carta cuestionada no constituía un acto administrativo susceptible de revisión, pese a contener un pronunciamiento emitido por una autoridad que carecía de facultades legales para interpretar la Ley N.º 21.100. Asimismo, alegó que el fallo restringió indebidamente la potestad invalidatoria de la Administración, al excluir de su aplicación una actuación cuya ilegalidad radicaba precisamente en la falta de competencia del órgano emisor, privándola de un mecanismo efectivo para cuestionarla.

Al examinar la controversia, la Corte Suprema recordó que, conforme al artículo 3 de la Ley N.º 19.880, los actos administrativos comprenden las decisiones formales y declaraciones emitidas por los órganos de la Administración del Estado en ejercicio de sus competencias legales. Explicó que la existencia de un acto administrativo supone necesariamente el ejercicio de una potestad pública conferida por el ordenamiento jurídico, de manera que la competencia del órgano emisor constituye un requisito esencial para su reconocimiento. En ese sentido, precisó que no toda comunicación constituye un acto administrativo, pues su naturaleza jurídica depende de las atribuciones bajo las cuales se emite y de su capacidad para producir efectos jurídicos.

En ese contexto, el máximo Tribunal señaló que el Ministerio del Medio Ambiente carece de atribuciones legales para interpretar, con alcance general y obligatorio, las disposiciones de la Ley N.º 21.100. Precisó que esta conclusión se desprendía del examen de las competencias establecidas en la legislación ambiental y que la propia carta cuestionada reconocía expresamente la inexistencia de facultades para efectuar dicha interpretación. De este modo, el documento se limitaba a expresar una opinión frente a una consulta formulada por un particular, sin adoptar una decisión administrativa en ejercicio de una potestad pública ni establecer obligaciones para sus destinatarios.