Casación fondo rechazada
Corte Suprema confirma fallo que condenó a cabo de la Armada por desobediencia militar durante estado de excepción por pandemia
Desestimó recurso presentado por cabo de Infantería de Marina condenado por desobedecer órdenes durante un operativo en 2020, pues el libelo carece de coherencia, desconoce hechos asentados y pretende revalorar la prueba, lo que es improcedente en un recurso de derecho estricto.
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de un cabo de Infantería de Marina condenado por el delito consumado de desobediencia, previsto en el artículo 337 N°3 del Código de Justicia Militar, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de la Cuarta Zona Naval de Iquique y ratificada por la Corte Marcial de la Armada.
Los hechos acreditados indican que, el 21 de agosto de 2020 en el contexto del estado de excepción constitucional decretado por la pandemia de COVID-19, el cabo recibió la orden de su superior para salir a patrullar entre las 18:00 y las 20:00 horas conforme a la guía operativa del pelotón. Sin embargo, se negó a cumplirla, argumentando que ya había realizado un patrullaje y que había otros conductores disponibles. La negativa se reiteró pese a que la orden fue insistida y frente a la tropa reunida, configurándose así la desobediencia imputada.
El tribunal de primera instancia lo condenó a 541 días de reclusión militar menor en su grado medio, junto con la pena accesoria de suspensión del cargo, la que posteriormente fue reemplazada por la Corte Marcial por la accesoria de pérdida del estado militar.
Su defensa dedujo recurso de casación en el fondo, alegando que la conducta no cumplía los requisitos del tipo penal de desobediencia, que no existió negativa abierta sino imposibilidad por fuerza mayor y que se vulneraron leyes reguladoras de la prueba al considerar circunstancias agravantes sin respaldo suficiente. Asimismo, cuestionó el uso de presunciones y la valoración de la prueba respecto de la guía de actividades.
La Corte Suprema rechazó el arbitrio, destacando que el recurso de casación es de derecho estricto y debe cumplir exigencias formales precisas, entre ellas, exponer claramente los errores de derecho denunciados y explicar su influencia en lo resuelto. Observó que el libelo contenía defectos formales evidentes, pues planteaba dos causales incompatibles entre sí: por un lado, aceptaba los hechos asentados para cuestionar la calificación jurídica; por otro, los desconocía al impugnar la valoración probatoria. Esta contradicción, señaló, imposibilita su acogimiento.
El máximo Tribunal precisó que el recurrente buscaba revalorar la prueba y alterar el marco fáctico ya fijado por los jueces del fondo, lo que es improcedente en sede de casación. Recordó que la causal relativa a leyes reguladoras de la prueba exige demostrar violaciones concretas, lo que no fue acreditado, y enfatizó que no corresponde al tribunal de casación establecer nuevos hechos ni revisar la ponderación realizada por los jueces de instancia.
Concluyó que la defensa no cumplió con las exigencias del recurso de casación, que su planteamiento resultaba incoherente y que la sentencia impugnada no incurrió en los errores de derecho alegados. En consecuencia, la Corte Suprema rechazó el recurso y confirmó íntegramente la condena.
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